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Los fiscales jefes de la sección primera de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) -los fiscales con categoría “de sala del TS” Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa– desbordaron con los otros trece fiscales participantes en la junta semanal del pasado martes 6 de febrero el cometido que tenían: definir la competencia del Supremo por razón del aforamiento de los investigados Carlos Puigdemont y Rubén Wagensberg. En cambio, se adentraron en la calificación jurídica de los hechos de la causa del Tsunami Democrático con un único documento: el escrito del juez Manuel García-Castellón. El ponente, Álvaro Redondosolo contó para su trabajo con la exposición razonada.

El Estado Judicial Español (ver serie en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA) es eso: cuando se debe precisar la competencia del Supremo porque un juez solicita investigar a dos aforados, los fiscales, con la anuencia “normal” de los fiscales jefes, que tienen la máxima categoría de la carrera, se enzarzan en una presuntamente sesuda tormenta de ideas sobre el delito de terrorismo. Para ello, como se apunta, solo tienen un documento: el “corta y pega”, según definición de un fiscal, del documento, “repetitivo y confuso”, del juez García-Castellón. Por no tener, ni han recibido algunos de los escritos y recursos presentados contra las decisiones del juez en el caso de Tsunami Democràtic.

Y lanzados al ruedo del trapo político-partidista, casi sin caer en la cuenta, 12 fiscales, entre ellos uno de los fiscales jefes, Fidel Cadena, votan a favor de calificar como terrorismo los hechos y dos, entre ellos el fiscal jefe Joaquín Sánchez -Covisa, en contra. Otro fiscal, quizás el único que avisó, manuel martinezdijo que no veía lo de terrorismo, pero que igualmente no era el momento de definir el delito, aunque había, claro, hechos delictivos (y que podía, dijo, tratarse de organización criminal).

Pero es que ni estaban convocados para resolver sobre el delito ni tenían, en todo caso, el material necesario para ello, manifiestamente insuficiente.