Spain Golden Visas Abolished.jpg

España planea eliminar el llamado ‘visas doradas’ que permiten a personas de fuera de la Unión Europea obtener permisos de residencia si compran propiedades por un valor superior a 500.000 euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que la reforma de la ley de residencia era parte del esfuerzo del gobierno para hacer de la vivienda «un derecho, no un negocio especulativo».

El gobierno dice que se han emitido unas 10.000 visas de este tipo desde que el anterior gobierno del Partido Popular (PP), de derecha, introdujo la medida en 2013, con el fin de atraer inversores a España.

Las ‘visas doradas’ son fuertemente criticadas por estimular el aumento de los precios de las propiedades y la especulación en el sector inmobiliario. Los crecientes precios de la vivienda han sido durante mucho tiempo un problema importante para muchos españoles, particularmente en las principales ciudades del país.

‘La vivienda es un derecho constitucional y no un mero negocio especulativo. Por eso vamos a eliminar la Golden Visa, la ley aprobada por el PP que permite obtener un visado de residencia si inviertes más de 500.000 euros en vivienda en nuestro país’, afirmó Sánchez. ‘Tener una vivienda digna no puede depender sólo de las reglas del mercado. Ésta será la legislatura que convierta la vivienda en el quinto pilar del Estado de bienestar.’

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se refirió al ‘visado dorado’ español como una ‘vergüenza europea’, afirmando que ‘no puede ser que a alguien le den un permiso de residencia por el hecho de ser rico; esto está creando ciudadanos de primera y de segunda clase».

Según Sánchez, 94 de cada 100 ‘visas de oro’ emitidas estaban vinculadas a propiedades compradas en ciudades populares como Barcelona, ​​Madrid, Málaga, Alicante, Valencia o Palma de Mallorca, donde los precios de las propiedades y los alquileres han aumentado exponencialmente.

Sin embargo, las personas aún pueden acceder a visas doradas invirtiendo 1 millón de euros en acciones de empresas españolas, o 2 millones de euros en bonos del gobierno, o transfiriendo 1 millón de euros a una cuenta bancaria española.