El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha desvelado el plan de su gobierno para abordar la escasez de viviendas en el país y revertir el aumento de los precios de la vivienda, que incluye planes para imponer un impuesto de hasta el 100% a los bienes inmuebles comprados por no residentes de países fuera de la UE, como el Reino Unido y los Estados Unidos.
El plan anunciado ayer, lunes 13 de enero, incluye doce medidas, una de las cuales pretende limitar la compra de viviendas por parte de ciudadanos no residentes de fuera de la UE, aumentando el impuesto sobre transmisiones patrimoniales hasta el 100% del valor de la propiedad.
Otras propuestas incluyen una modificación legal para establecer una exención del 100% del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) para los propietarios que alquilen según el Índice de Precios de Referencia, la aplicación del IVA a los pisos turísticos en las denominadas zonas de vivienda tensa, y la creación de un sistema de garantías públicas para proteger a los propietarios e inquilinos que participan en el sistema de alquiler asequible.
Sánchez ha afirmado en repetidas ocasiones que la actual legislatura de gobierno debe ser la legislatura del derecho a la vivienda.
Durante la campaña electoral para las elecciones autonómicas anunció medidas para construir miles de viviendas sociales y promover alquileres asequibles. Sin embargo, el aumento del precio de venta de las viviendas usadas se mantuvo sin cambios en 2024 (7,1%), y el gobierno ahora está buscando formas de revertir la situación.
El lunes el primer ministro español compareció en el foro ‘La vivienda, el quinto pilar del Estado de bienestar’para presentar la plan de 12 puntos que se afirma está inspirado en modelos de países como Dinamarca y Canadá.
Sánchez dijo que Europa enfrenta el desafío de evitar una división en una sociedad de dos clases: “propietarios ricos e inquilinos pobres”. Señaló que el precio medio de la vivienda en Europa ha aumentado un 48% en la última década, un aumento que es “insoportable” ya que duplica el crecimiento de los ingresos de los hogares.
“El acceso a la vivienda se ha convertido en el mayor problema para las clases media y trabajadora y en una barrera para la independencia de los jóvenes”, afirmó, añadiendo que es un factor clave de la desigualdad y la disparidad de riqueza entre los ciudadanos.
Sánchez ha dividido los objetivos del plan en tres grandes áreas: «Más vivienda, mejor regulación y más ayudas significativas».
Más viviendas, dijo el Primer Ministro, implica crear “más viviendas sociales”, en particular.
La primera medida es la cesión de más de 3.300 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada empresa pública de vivienda. Estos dos millones de metros cuadrados, según Sánchez, se destinarán a construir «miles y miles de viviendas sociales de alquiler asequible, fundamentalmente para jóvenes».
También ha anunciado que, durante el primer semestre de 2025, la empresa pública de vivienda comenzará a incorporar más de 30.000 viviendas de la Sareb, de las que 13.000 estarán disponibles de forma inmediata.
La segunda medida es la creación de un mecanismo legal para garantizar que la empresa pública de vivienda “tenga prioridad en la compra de viviendas y terrenos”.
La tercera medida es una reforma legal para garantizar que todas las viviendas construidas por el Gobierno central “permanezcan permanentemente en titularidad pública”, asegurando que lo que se construya o rehabilite con fondos públicos “siga siendo propiedad de los españoles” y “no acabe en manos del Estado”. manos de fondos buitre o de grandes especuladores”.
La cuarta medida es la creación de un plan para «modernizar e innovar en el sector de la construcción y su industrialización», para construir viviendas «de forma más rápida y menos costosa».
Sánchez afirmó que el plan incluye también tres medidas “sin precedentes”. La quinta medida es la creación de un sistema de garantía pública para proteger tanto a los propietarios como a los inquilinos que participan en sistemas de alquiler asequibles.
El Gobierno central «facilitará la financiación y las garantías necesarias para que los ciudadanos puedan alquilar y los propietarios puedan hacerlo con seguridad y sin correr riesgos».
Este sistema, “probado con éxito en España”, se iniciará este año con propietarios que alquilen a personas menores de 35 años.
La sexta medida es un nuevo programa para rehabilitar viviendas desocupadas para fines de alquiler asequible. Hasta ahora, el gobierno español cofinanciaba a propietarios que renovaban viviendas para mejorar la eficiencia energética. A partir de este año se sumará un nuevo programa de ayudas para quienes rehabiliten viviendas para alquilarlas a precios asequibles durante al menos cinco años.
La séptima medida es, sujeta a la aprobación del Congreso, una exención del 100% del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) para los propietarios que alquilen sus viviendas según el índice de precios de referencia, aunque no estén ubicadas en las denominadas zonas de vivienda tensa.
La octava medida pasa por una reforma fiscal para garantizar que los apartamentos turísticos tributen como negocios, aplicando así el IVA «en zonas con dificultades de acceso a la vivienda o saturación turística». Según el presidente español, “hay demasiados Airbnb y pocas viviendas”.
La novena medida es una reforma de las ventajas fiscales para las SOCIMI (sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas) para que estos beneficios sólo se apliquen a la promoción de vivienda asequible en alquiler.
La décima medida es limitar la compra de propiedades por parte de extranjeros no residentes no pertenecientes a la UE. El gobierno aumentará la carga fiscal sobre dichas compras, hasta el 100% del valor de la propiedad.
Se trata de «una medida sin precedentes en la historia de nuestro país, ya aplicada en otras democracias como Dinamarca y Canadá, y muy adecuada dada la situación de emergencia inmobiliaria», afirmó Sánchez, añadiendo que en 2023, los no residentes compraron 27.000 propiedades en España, principalmente para especulación.
La undécima medida es un endurecimiento de la normativa para combatir el fraude en los alquileres estacionales y la creación de un fondo que permita a los gobiernos municipales y regionales reforzar las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos de las propiedades.
La duodécima y última medida es el nuevo plan español de vivienda, que entrará en vigor en 2026. Este plan ampliará las ayudas para el acceso a la vivienda y “prestará especial atención” a los jóvenes, las personas mayores y las personas con discapacidad. “El gobierno está comprometido y hará todo lo que esté a su alcance para que la vivienda sea accesible”, afirmó Sánchez.
Hay alrededor de 290.000 residentes del Reino Unido en España, muchos de los cuales poseen sus propias propiedades. El año pasado se vendieron unas 27.000 viviendas a compradores del Reino Unido.