La reciente propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aumentar significativamente los impuestos sobre la venta de viviendas a ciudadanos extracomunitarios que no sean residentes en la UE ha provocado conmociones en el sector inmobiliario de Alicante.
La provincia, que representa más del 20% de todas las transacciones inmobiliarias internacionales en España, se verá afectada desproporcionadamente por esta medida. El aumento de impuestos propuesto, que apunta a compradores como ciudadanos británicos, ucranianos, rusos y noruegos, amenaza miles de ventas anuales de propiedades y ya ha causado una incertidumbre generalizada entre los posibles clientes.
La nueva medida, calificada por la Asociación Provincial de Desarrolladores (Provia), el Colegio de Agentes Inmobiliarios y la asociación de agencias inmobiliarias Asicval como “un absoluto despropósito”, ha generado inmediata preocupación en el sector. Según Miguel Galindo, representante de Asicval en Alicante, los compradores ansiosos que han reservado propiedades sobre plano están inundando a los agentes con preguntas sobre el posible impacto en los costes y su capacidad para retractarse de las compras. La falta de claridad por parte del gobierno ha dejado a los profesionales inmobiliarios incapaces de dar respuestas definitivas.
El Ministerio de Política Territorial, que dirige Isabel Rodríguez, aún tiene que detallar si el impuesto afectaría por igual a todos los compradores extracomunitarios, como por ejemplo un inversor de Dubái y un ciudadano británico que busca una casa de vacaciones. La única información proporcionada hasta ahora es una declaración oficial que sugiere que la carga fiscal para los ciudadanos no pertenecientes a la UE podría aumentar hasta un 100% del valor de la propiedad, reflejando políticas en países como Dinamarca y Canadá. Sin embargo, no se han revelado cifras específicas ni cronogramas de implementación, lo que deja a la industria en el limbo.
Los números
En 2023, 30.072 compradores extranjeros compraron viviendas en Alicante, lo que representa el 20,43% de todas las transacciones inmobiliarias extranjeras en España y generó más de 5.600 millones de euros en ingresos. Los compradores británicos, que se convirtieron en ciudadanos de fuera de la UE después del Brexit, representaron la mayor proporción, con 3.942 transacciones. Al mercado también contribuyeron un número significativo de ucranianos (1.400), rusos (1.291), marroquíes (851), noruegos (762), argelinos (702), suizos (317), chinos (236) y bielorrusos (104).
Estos grupos representaron colectivamente más de un tercio de las transacciones extranjeras en la provincia. Si bien las estadísticas no distinguen entre residentes y no residentes en la UE, el sector estima que miles de transacciones podrían verse afectadas anualmente. Si se aplican proporcionalmente, las cifras de Sánchez sugieren que más de 5.500 viviendas sólo en Alicante podrían verse afectadas cada año.
Preocupaciones en la industria
Jesualdo Ros, secretario general de Provia, expresó su profunda preocupación por las posibles consecuencias. Destacó que años de esfuerzos promocionales, como atraer inversores estadounidenses a la Costa Blanca, podrían deshacerse. Ros también enfatizó que las viviendas a las que se dirigen los compradores de fuera de la UE, a menudo propiedades frente al mar, no se superponen con los tipos de vivienda buscados por parejas jóvenes o familias locales.
Cuestionó la lógica detrás de una política que no aborda los problemas de asequibilidad de la vivienda en España pero que corre el riesgo de alienar a un segmento crucial del mercado.
Marifé Esteso, presidenta del Colegio API de Alicante, se hizo eco de estas preocupaciones, destacando la importancia económica del turismo residencial. Señaló que los compradores extranjeros no sólo invierten en propiedades sino que también inyectan dinero en negocios y servicios locales durante su estancia.
Esteso descartó la propuesta de Sánchez por considerarla ineficaz y sugirió, en cambio, que el gobierno se centre en aumentar la disponibilidad de tierras y proporcionar garantías legales a los propietarios de propiedades en alquiler para abordar la escasez de viviendas.
Impacto inmediato
La incertidumbre en torno al aumento de impuestos ya está afectando al mercado. Miguel Galindo, de Asicval, informó que los clientes británicos, alarmados por el anuncio, buscan garantías. Profesionales inmobiliarios en Dénia, una popular ciudad costera, han sido entrevistados por medios de comunicación británicos, amplificando las preocupaciones entre los compradores potenciales.
Galindo señaló que incluso la sugerencia de un impuesto de este tipo ya ha afectado la confianza de los compradores, lo que podría tener repercusiones duraderas para la economía de la región.
Si bien Asicval reconoció aspectos positivos de la política de vivienda de Sánchez, como incentivos fiscales para propietarios y garantías para inquilinos, criticó la falta de un cronograma claro para su implementación. La organización también reiteró su oposición a las restricciones a la compra de propiedades fuera de la UE, advirtiendo que podrían exacerbar la incertidumbre del mercado.
Pide una solución pragmática
Los líderes de la industria han instado al gobierno a reconsiderar el aumento de impuestos propuesto o al menos brindar orientación detallada para mitigar la creciente confusión. Ros, de Provia, argumentó que lo que el mercado inmobiliario necesita es un pacto estatal integral para abordar cuestiones subyacentes como la disponibilidad y asequibilidad de la vivienda. Esteso estuvo de acuerdo y destacó la necesidad de políticas constructivas que equilibren los intereses de los residentes locales y los compradores internacionales sin poner en riesgo el crecimiento económico.
La propuesta, sin querer, ha puesto de relieve cuestiones más amplias dentro del mercado inmobiliario español, como la escasez crónica de viviendas asequibles y la falta de una estrategia nacional cohesiva. Si bien el aumento de impuestos tiene como objetivo abordar la desigualdad en materia de vivienda, los expertos advierten que podría resultar contraproducente al desalentar la inversión extranjera y dañar la economía local, particularmente en regiones como Alicante, donde los compradores internacionales desempeñan un papel fundamental.
Conclusión
La propuesta de Pedro Sánchez de aumentar los impuestos a las compras de propiedades por parte de ciudadanos no pertenecientes a la UE ha generado confusión en el sector inmobiliario de Alicante. Con miles de transacciones en riesgo y sin un plan de implementación claro, la medida amenaza con socavar años de progreso en la promoción de la región como un destino principal para los compradores internacionales.
Los profesionales de la industria están pidiendo al gobierno que revise la propuesta o se centre en soluciones más efectivas a los desafíos inmobiliarios de España. Mientras tanto, la incertidumbre sigue acechando, con el potencial de alterar uno de los motores económicos más vitales de la provincia.