La aún fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha remitido a la Inspección fiscal una denuncia que había sido presentada contra la fiscal provincial Pilar Rodríguez y también contra María Luisa Llop, la primera que se encargó del caso Plus Ultra e instó el archivo de la investigación en 2021. Actúa a raíz de una denuncia del partido Iustitia Europa, habitual en las personas populares de causas contra el Gobierno, presentada porque ambos aparecen mencionados en el sumario del caso que investiga la Audiencia. Nacional en el que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por irregularidades en el rescate a la citada aerolínea.
Fuentes fiscales señalan a EL PERIÓDICO que no se trata de la apertura de una investigación disciplinaria, pues eso lo debe determinar la Inspección, sino que simplemente se ha accionado en cumplimiento del artículo 163 del Reglamento del Ministerio Fiscal, que establece que “cualquier denuncia o queja relacionada con la actuación de los miembros del Ministerio Fiscal debe ser remitida inmediatamente a la Inspección Fiscal”, que será que determinar si se existe material para investigar a estos fiscales.
Tal y como informó este diario, algunos imputados en el caso Zapatero, entre los que se encontraba el actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, intercambiaron mensajes en los que aludieron a la creación de un “Kitchet Gabinet” para “cortar” la investigación del caso que instruía entonces la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos. Alardearon, entre otras cuestiones, de que la “jefa fiscal es amiga”.
La denuncia fue recibida el pasado lunes, tras publicarse en prensa estas conversaciones que se incluían en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que obran en el sumario de la causa contra Zapatero, que Iustitia Europa considera que pueden constituir “una posible influencia indebida y falta de imparcialidad en el criterio fiscal que permitió el desbloqueo de fondos públicos”. Lastra actúa en cumplimiento del citado precepto del Reglamento y remite “los antecedentes y documentos relacionados con los hechos” a la Inspección, residenciada en la Fiscalía General del Estado.
La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a su salida de la primera jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra – Europa Press
Se da la circunstancia de que a finales del pasado mes de abril la fiscal general del Estado, Teresa Peramato acordó el relevo de Lastra, que declaró contra el ex fiscal general Álvaro García Ortiz en el juicio en el que fue condenado por revelar datos reservados, y su sustitución por María Isabel Martín como nueva fiscal superior de Madrid. Pilar Rodríguez, por el contrario, fue ascendida como fiscal adscrita a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El mandato de Lastra concluye el próximo 5 de junio, según las fuentes consultadas, que desvinculan esta decisión de situación de la actual fiscal superior y la incardinan en el cumplimiento estricto del Reglamento.
Fue en abril de 2021 cuando se abrieron unas primeras diligencias en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid por la concesión de la ayuda pública otorgada a Plus Ultra. Unos días después, el 20 de mayo uno de los abogados hoy imputados en la trama comentó con el directivo de la aerolínea Rodolfo Reyes que iba a preguntar sobre cómo era la jueza Collazos y añadía que “la fiscal jefa es amiga y que hay que cortar esto”. Rodolfo Reyes le respondió que “absolutamente”, dice el informe de la UDEF.
Fuentes de los investigados explicaron a esta redacción que cuando decían que tenían “cortar” el asunto, en realidad se referían a la contratación de un abogado de prestigio. De hecho, dicen, no tuvieron contactos ni con la magistrada ni con la fiscal del caso, que en realidad no conocían.
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