Como era de esperar, pedro sánchez centró su discurso de investidura en la disyuntiva izquierda versus derechaintentando convertir en el séptimo punto del orden del día la propuesta de amnistía a cambio de voto independentista, que ha centrado las negociaciones con sus nuevos socios y las críticas de la oposición en la Cámara. El planteó solo dos posibles alternativas: una derecha retrógrada, que definió con una retahíla de ejemplos de candidatos aprobados en las comunidades autónomas que gobierna el PP, con Vox o en solitario, o una izquierda, la del PSOE más Sumar, que presentó como la defensora única del progreso social y las libertades civiles. Un ejercicio claro, nada nuevo, de maniqueísmo. Aunque intervenciones como las de Santiago Abascal, con acusaciones de golpe de Estado y su exigencia de cara la galería al PP de no tramitar la ley en el Senado y promover la ilegalización de los partidos independentistas, le ponga muy fácil exponer este panorama a un Sánchez que se gustó a sí mismo en sus réplicas a Alberto Núñez Feijóo después de que este dedicase su intervención a tildarlo de mentiroso y corrupto por sus pactos.

No obstante, esta nueva etapa que inicia Sánchez al frente del Gobierno se presenta más difícil. Será más un camino de espinas que de rosas. Tendrá que lidiar con la movilización incitada por PP y Vox en la calle, en los tribunales y en el Parlamento, con la diferencia, frente a la legislatura anterior, de que ahora el PP gobierna 11 de las 17 comunidades autónomas y goza de una mayoría absoluta en el Senado, que hará mucho más difícil la aprobación de las leyes, los acuerdos con las autonomías y, en definitiva, la gobernanza del Estado. También las alianzas alcanzadas para la investidura tienen una configuración más compleja, si cabe, que en los pasados ​​cuatro años. En esta ocasión Sánchez requiere el apoyo de siete partidos con los que suma solo tres votos por encima de la mayoría absoluta, sin capacidad de recurrir a una geometría parlamentaria variable. Y no se sabe cómo se comportarán parte de esos socios si, por ejemplo, la ruptura entre Sumar y Podemos se consagra o los tribunales consiguen retrasar la aplicación de la amnistía.

Aunque Sánchez y su vicepresidenta, Yolanda Diazel líder de Sumar, se empeñen en calificar «de progreso» al pacto que garantiza la investidura, lo cierto es que agrupa a fuerzas con planteamientos económicos que van del centroderecha al capitalismo antisistema, algunas de ellas atraídas casi únicamente por el rechazo a una fórmula que incluye a Vox. Será difícil que ese paquete de medidas económicas y sociales que Sánchez desgranó en el Congreso tendrán un trámite plácido. Y aún más que tengan recorrido reclamaciones de Sumar, como los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas o la ley de vivienda.

En cuanto a la ley de amnistía, Sánchez hizo una defensa de la ley de amnistía como una muestra de la fortaleza y de la vigencia de la Constitución y como una respuesta al hecho de que «la convivencia ha vuelto a las calles de Catalunya y el Diálogo a las instituciones». Feijóo calificó de «delirio» el discurso del candidato a la presidencia. Escuchado el debate entre los líderes de los dos partidos principales, no se perfila perspectiva alguna de pactos transversales. Más bien parece que el futuro inmediato depara más polarización y más crispación, y más bien poca normalización (a nivel español) de la vida política.