LA POLICIA NACIONAL ha detenido a 22 miembros del grupo ecologista ‘Futuro Vegetal’ por ‘formar una estructura criminal’ y causar daños al patrimonio cultural por valor de más de 500.000 euros.
Un portavoz de Futuro Vegetal calificó las acusaciones de “ridículas” y de que protestan pacíficamente para conseguir medidas sobre el cambio climático.
Las detenciones se produjeron en diciembre de forma coordinada en Madrid, Barcelona, Cádiz, Murcia, Elda (provincia de Alicante), Zaragoza, Granada, Valencia, Soria, Santander y San Sebastián.
Entre los detenidos se encuentran tres personas a las que la policía considera los máximos responsables de la organización, que coordinaban y dirigían el colectivo “como grupo criminal”, según la Policía Nacional.
Uno de los tres es Bilbo Bassaterra quien dijo: “Toda esta acusación es ridícula desde el punto de vista de la ley, porque uno de los requisitos que tiene el tipo de organización criminal es que con estos delitos estemos ganando dinero, cuando eso es no es el caso.”
Futuro Vegetal nació hace dos años como un colectivo de desobediencia civil y acciones que incluían a una manifestante pegándose junto a un retrato de Goya en el Museo del Prado; cortar parte de la M-30 o de la carrera ciclista de La Veulta; y pegarse el mes pasado al podio dentro del edificio del Congreso.
La policía señala que su investigación se inició en enero de 2022 después de que varias personas arrojaran pintura a la fachada del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Madrid.
El ministerio es un objetivo habitual de Futuro Vegetal, que exige el fin de las subvenciones a la ganadería industrial como factor clave para cambiar el sistema alimentario y mitigar así la emergencia climática.
Según la policía, la actividad reiterada y sostenida del grupo logró, a su vez, establecer relaciones, a nivel internacional, con otros grupos similares que ya estaban asociados en sus países de origen con organizaciones criminales.
La investigación policial indica que Futuro Vegetal recibió más de 140.000 euros en donaciones, parte de los cuales supuestamente fue utilizada por sus dirigentes para “coordinar actividades criminales”.
En las redes sociales, Futuro Vegetal dijo que las autoridades españolas están criminalizando el activismo porque “priorizan los intereses de las corporaciones sobre los colectivos, o incluso sobre la ley”.
Otros grupos también se han manifestado en apoyo a los activistas, como CAES, un grupo legal centrado en los derechos humanos.
“Necesitamos organización y compromiso con la lucha por la justicia climática ya que no tenemos otra salida. La criminalización y la persecución no ayudarán cuando todo está en riesgo”, publicó el grupo el viernes.
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