El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha visitado uno de los centros de acogida de refugiados ucranianos en Barcelona, donde ha prometido que España proporcionará “toda la protección y oportunidades posibles” al total estimado de 110.000 refugiados ucranianos que han llegado a el país desde el invasión rusa el 24th Febrero.
Dijo que España está “dando ejemplo de colaboración, cooperación y coordinación institucional”.
España ha establecido cuatro “Centros de Acogida, Atención y Derivación”, en Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga.
Además, el ‘Plan Nacional de Respuesta a la Guerra’ de España ha reservado un presupuesto de 1.200 millones de euros que serán financiados por el Plan de Coordinación de Refugiados de la UE.
Hasta ayer lunes 11 de abril, unos 48.979 desplazados de Ucrania habían recibido asistencia y se habían concedido casi 52.000 solicitudes de protección temporal.
Casi el 40% del total son menores de edad, de los cuales más de 13.000 han estado matriculados en escuelas públicas.
El Primer Ministro condenó el ataque ruso diciendo que Ucrania seguirá resistiendo la invasión y que “lo que está sucediendo… es un desafío para todos los ciudadanos europeos…. porque Putin está atacando a Europa, tratando de debilitar el proyecto europeo, que se basa en los derechos humanos, la democracia, la libertad y la paz”.
La respuesta de la UE a los más de 4 millones de refugiados que han huido del país les concede derecho a trabajo, residencia, alojamiento de emergencia, prestaciones financieras estatales, así como una serie de ayudas de subsistencia, alimentación, asistencia jurídica, empleo, atención sanitaria y educación. .
El Comité de Respuesta a la Guerra del gobierno se reunió ayer para discutir el efecto de las sanciones a Rusia, tras la aprobación por parte de la UE de un quinto paquete de medidas que entró en vigor la semana pasada.
Este paquete incluye, entre otras medidas, una prohibición de la importación de carbón ruso, una prohibición total del movimiento de los transportistas por carretera rusos y bielorrusos que operan en la UE y una prohibición de que los buques con bandera rusa entren en puertos europeos.