El estallido del caso Koldo, vinculado al cobro de comisiones por la adquisición por parte de las administraciones públicas de mascarillas de dudosa calidad durante la pandemia, ha llevado al PSOE a tratar de atajar el escándalo exigiendo a José Luís Ábalos, exministro de Fomento (luego transformado en Transportes, Movilidad y Urbana) y antiguo secretario de organización del partido, la renuncia a su acta de diputado en nombre de la responsabilidad política por haber nombrado a Koldo García, un veterano militante socialista y presunto cabecilla de la trama, como asesor en el ministerio, puesto desde el que supuestamente habría urdido el trapicheo.
Ábalos, sin embargo, invocando a su honorabilidad se ha negado a renunciar a su escaño alegando que ello implicaría reconocer una culpa cuando él ni siquiera está investigado, por el momento, una decisión que ha llevado al PSOE, a suspenderle cautelarmente de militancia y a expulsarlo del grupo parlamentario socialista, una acción que por muy unánime que sea no halla respaldo alguno en las normas internas del partido.
Estas, como es preceptivo, se adecúan a la Ley de Partidos Políticos que dicta que los estatutos de los partidos deben decretar la suspensión cautelar automática de la afiliación de los afiliados incursos en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción. Además, la mayoría de partidos, en el marco de la lucha contra la corrupción y la desafección política que ella ha generado, desde los años noventa han ido incorporando a su acervo Códigos Éticos por medio de los cuales se han tratado de establecer el marco de valores y de conductas deseables por parte de los miembros de la organización. Lo que sorprende es que ni en los estatutos ni en el Código Ético y de Conducta del PSOE, concebido con el objetivo de ‘elevar sus propios estándares éticos con autoexigencia y ejemplaridad’ aparezca una sola referencia a la ‘responsabilidad política’. Pero no es el único.
De ello se deduce que este es un concepto político altamente indeterminado, volátil y arbitrario que puede ser dotado de un contenido a la carta y que suele invocarse a conveniencia. En el caso de Ábalos, forzando su dimisión por su condición de jefe de Koildo, se ha pretendido contener el contagio de la sombra de sospecha al conjunto del PSOE y al gobierno. Pero la contradicción, no puede ser mayor. Si la idea de responsabilidad política no encuentra amparo en las normas internas y no tiene que ver con la penal sino que la precede y la desborda basándose en la idea de jerarquía cabe preguntarse por qué no debería extenderse al resto de superiores jerárquicos del partido y del gobierno. Esto, sin embargo, es un sinsentido que ataca a la presunción de inocencia y a la honorabilidad y que difícilmente es compatible con el Estado de Derecho. Porque al fin y al cabo, si hay normas es porque nada garantiza que los comportamientos individuales o colectivos se ajusten a los parámetros éticos.