Se cumplen 20 años del brutal atentado terrorista que además de segar la vida de 192 personas, dejar más de 2.000 heridos y destrozar a innumerables familias inauguró una nueva etapa política en España.
La pésima gestión comunicativa que hizo el gobierno de José María Aznar, insistiendo en la hipótesis etarra cuando, una vez superado el ‘shock’ y la confusión inicial, ya había indicios suficientes como para privilegiar la autoría islamista, dio pie a la normalización del uso de la mentira en política como medio para mantenerse en el poder. Lo intentó sin éxito el PP y así lo hizo José Luís Rodríguez Zapatero en 2008 negando la existencia de una crisis económica y así acaba de hacerlo Pedro Sánchez, quien, tras haberlo negado reiteradamente, ha promovido la amnistía por los hechos vinculados al ‘procés’.
Pero además de esta forma de hacer política que se adelantaba a la era de las fake news, la inesperada llegada de Zapatero a la Moncloa permitió la incorporación a la agenda política de algunas cuestiones altamente divisivas que desde entonces han alimentado la polarización. Desde la ley integral de violencia de género a la promoción de la igualdad, pasando por la ley del matrimonio homosexual o la ley de memoria histórica, entre otras, a pesar de los avances sociales que han permitido y que en muchos casos no han sido derogadas, provocaron protestas convenientemente alimentadas por un PP que se sentía injustamente desalojado del poder. Se iniciaba así una etapa de movilizaciones callejeras tan legítimas desde el punto de vista democrático como lo son las decisiones adoptadas por mayoría parlamentaria.
Aunque lo que ha tenido un mayor impacto en la vida política española fue el compromiso de Zapatero, hecho cuando no se intuía su victoria y por tanto concebido solo para ser una promesa electoral, de dar apoyo al nuevo Estatut d’Autonomia de Catalunya tal y como saliese del Parlament. Esta promesa no se cumplió pero nada de lo que ha sucedido a posteriori en Catalunya se explica sin ese aval que incentivó la competencia interna en el campo del nacionalismo catalán por colgarse las medallas y sin las expectativas que generó, que al revelarse falsas alimentaron la frustración y la deriva secesionistas promovida por sus élites. Ese compromiso fue el resultado de la temprana asunción por parte del PSOE de su incapacidad para cosechar una mayoría absoluta y la aceptación de su dependencia de los partidos de ámbito no estatal para gobernar, que comportaba unos intercambios en materia de política autonómica difícilmente asumibles por el PP.
Mentira, polarización, competencia entre partidos nacionalistas, proceso soberanista, dependencia de partidos de ámbito no estatal y (auto) marginación del PP constituyen el legado del 11M. Desde entonces la ausencia de grandes consensos preside nuestra vida política. No está de más recordar que en nuestra historia las grandes divisiones sostenidas en el tiempo y el abuso de las decisiones mayoritarias nunca han tenido un final feliz. Por ello, frente a quienes denostan el legado de la Transición hay que recordarles el lamentable legado del 11M y reprocharles que lo sigan alimentando. Y a quienes lo reivindican, hay que afearles que no lo emulen.