Gonzalo Boye, abogado del expresident Carles Puigdemont y de su asesor Josep Lluís Alay, ha pedido a la Audiencia Nacional que suspenda las declaraciones de los investigados por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, previstas para el miércoles próximo.
Según han informado fuentes jurídicas, el letrado ha alegado que tiene un juicio pendiente que le impide acudir a las declaraciones, que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón señaló para el próximo 22 de mayo, por videoconferencia desde Barcelona, pese a que varios de los investigados están fuera de España.
En concreto, el juez citó a declarar como investigada a la secretaria general de ERC Marta Rovira, a Josep Lluís Alay, al exconseller de ERC Xavier Vendrell, a la militante republicana Marta Molina, al empresario Oriol Soler, al dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra, al periodista Jesús Rodríguez y al informático Jaume Cabaní.
A todos ellos García Castellón les ofrece la posibilidad de declarar por videoconferencia desde Barcelona, lo que se antoja improbable en el caso de los investigados que han fijado su residencia fuera de España, como Rovira, Serra o Rodríguez, que ahora viven en Suiza, así como de Cabaní, cuyo paradero se desconoce.
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En cuanto a Nicola Flavio, un banquero italiano investigado por su presunta relación con la financiación de Tsunami, el magistrado ha pedido a Italia que proceda a su localización para tomarle declaración por videoconferencia.