La elección como eurodiputado del líder de la agrupación de electores ‘Se Acabó la Fiesta‘, Luis Pérez Fernández, popularmente conocido como “Alvise”, tiene como consecuencia directa que el Tribunal Supremo tendrá que asumir las causas que se deriven de las querellas que le interpusieron el ex secretario de Estado de Seguridad del PP Francisco Martínez y un periodista por revelación de secretos, entre otros delitos, por difundir chats telefónicos privados en su cuenta de Telegram, en la que dispone de más de medio millón de seguidores.
El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, decidió el pasado 14 de febrero inhibirse ante la justicia ordinaria de Madrid al conocer la querella que había presentado el ex número dos del ministro del PP Jorge Fernández Díaz contra el eurodiputado electo, que había difundido el 10 de julio de 2023 en su canal “diferentes conversaciones de whatsapp procedentes del teléfono móvil de Martínez, mantenidas en el tiempo en el que éste ocupaba la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior -entre 2013 y 2016-“. En concreto, eran conversaciones por escrito con sus interlocutores, entre los que se encontraban autoridades como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; policías, como los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño; e incluso periodistas.
El número 1 de Se acabó la fiesta a las elecciones europeas, Alvise Pérez (c), ejerce su derecho al voto en Sevilla / aúl Caro.
“Todas estas conversaciones fueron obtenidas en el curso de la investigación de la pieza separada número 7 [Kitchen, del caso Villarejo] en que se acordó la intervención del teléfono móvil del querellante Francisco Martínez, y entregadas temporalmente a las partes hasta que el Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó, mediante las correspondientes resoluciones, primero acceder a las mismas y después su exclusión de la causa. Al tiempo en que por el querrellado Luis Fernández Pérez [Alvise] se publicaron -de manera indicaria- las conversaciones, el Juzgado Central de Instrucción las había retirado de la plataforma e impidió el acceso a las partes personas en la pieza separada“, grababa García Castellón en el auto en el que acordaba inhibirse de las pesquisas.
Fiscalía Anticorrupción
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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional decidió, en consonancia con la opinión de la Fiscalía Anticorrupción, enviar el procedimiento a los Juzgados de Instrucción de Madrid al considerar que eran los realmente competentes, porque consideró que la difusión de las conversaciones de Francisco Martínez apuntaban de forma indiciaria a la comisión de un delito de revelación de secretos, del que no es competente la Audiencia Nacional. García Castellón descartaba, de esta forma, que se le pudiera imputar a ‘Alvise’ Pérez un delito de descubrimiento de informaciones relativas a la defensa nacional, como denunció el que fuera número dos del Ministerio del Interior.
“Es por ello que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la instrucción de la causa no puede ser competencia del presente Juzgado Central de Instrucción, procediendo acordar la inhibición a los Juzgados de Madrid, donde radica el domicilio del querellante en que se ha tenido conocimiento y se ha cometido el delito a investigar“, completa el auto.
Esta resolución completa que la documentación entregada a los juzgados madrileños “habrá de acompañarse” de un informe elaborado por la Comisaría General de Información, pero también de “una auditoría” que determine qué abogados descargaron las conversaciones privadas de Francisco Martínez, “por ser ese el origen de las mismas”, recuerda García Castellón.
“Detención inmediata”
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Sin embargo, el juez sí rechazaba otras pretensiones de Francisco Martínez, quien había reclamado “la detención inmediata” de ‘Alvise’ Pérez, al considerar que tenía en su poder “secretos de Estado que debería haber devuelto a las autoridades competentes”.
El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, a su llegada a la Ciudad de la Justicia donde comparece ante el juez de Barcelona que investiga al tuitero Luis Pérez, conocido como Alvise Pérez en las redes sociales, por difundir una PCR positiva falsa del exministro de Sanidad. / Toni Albir
En el momento en el que ‘Alvise’ adquiera la condición de eurodiputado, y por tanto esté aforado ante el alto tribunal, los juzgados ordinarios deberán inhibirse ante el Tribunal Supremo, que se encargará de las querellas de Francisco Martínez y del periodista, pero también del resto de pleitos que tiene en su contra el agitador de ultraderecha.
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Este es el caso de la querella de la que fue objeto ‘Alvise’, y por la que ya declaró ante el titular del Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona, que le investiga por injurias y falsedad documental tras ser acusado de publicar en sus redes sociales una falsa PCR del exministro y líder del PSC Salvador Illa. El propio Pérez admitió ante el juez que publicó la falsa PCR positiva del extitular de Sanidad sin comprobar su veracidad, aunque lo justificó asegurando que él no había sido el primero que la había difundido.