Primeros amnistiados por su vinculación al ‘procés’. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha puesto la directa y este martres ha empezado a decir sobre la aplicación de la ley que entró en vigor el pasado 11 de junio. Este las personas que ya se han visto benefiadas por esta norma está Miquel Buch, el exconseller de Interior que fue condenado por malversación y prevaricación por fichar como asesor a un sargento de los Mossos d’Esquadra, Lluis Escolà, para que escoltara al expresident Carles Puigdemont en el extranjero, que también ha sido amnistíado. La misma medida ha sido acordada para 12 activistas que participaron en manifestaciones y protestas entre 2018 y 2020 y que en su día fueron codenados por desordenes públicos. Estos estaban pedientes de que se resolvieran sus recursos.
En septiembre del pasado año, la Audiencia de Barcelona condenó a 4 años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación a Buch, pero también impuso 4 años de prisión y 19 de inhabilitación al exagente Lluís Escolà, que en 2017 ayudó a huir de España a Puigdemont y que en los 224 días que fue contratado cono asesor en la consellería de Interior cobró 52.712 euros. La abogada de Buch, la penalista Judit Gené, adujo aque los hechos que se atribuyen al ex alto cargo se ajustan a lo que requiere la norma del olvido penal. Además, sostiene que en la sentencia el tribunal no describe ningún afán de lucro de Buch ni de Escolà. Esta tesis ha sido recogida en la sentencia del TSJC por la que se aplica la amnistía.
La labor de protección de Escolà la desarrolló desde el 30 de octubre del 2017, tras haber ayudado al exmandatario catalán a huir de España. El agente, precisó en su día el tribunal que dictó su condena, realizó numerosas salidas al extranjero hasta su cese como asesor el 11 de marzo de 2019. Así viajó en esa época no solo a Bruselas, sino a varios países Europeos, como Alemania, Holanda, Dinamarca, Suiza o Irlanda. Hasta 48 traslados en avión en días laborables entre el 31 de julio de 2018 al 24 de febrero de 2019. Sus honorarios ascendieron a 52.712 euros.
En la resolución de Buch y Escolà, de 18 páginas, los cuatro magistrados de la sala de apelaciones interpretan de forma unánime que la ley de amnistía afecta al delito de malversación de fondos cuando el dinero público se haya destinado a los hechos amnistiables, es decir, a promover la independencia de Catalunya. En cambio, no consideran que se pueda amnistiar la malversación si hay enriquecieron patrimonial a alguien al margen de la promoción de la secesión. Por lo tanto, el sueldo que percibió el sargento Escolà como asesor de Interior, por ser pagado para que protegiera a Puigdemont en el extranjero, se considera un acto que promovía la independencia, por lo que queda amnistiado.
Sin beneficio personal
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El TSJC expone que «los actos determinantes de malversación de caudales públicos no quedan excluidos de la amnistía siempre que tengan relación con algunos de los actos generales» compredidos en la ley, es decir los dirigidos «a financiar, sufragar o facilitar» actos vinculados al procés y «siempre» que no «haya existido un enriquecimiento personal», entendido como “beneficio personal de carácter patrimonial”.
Los magistrados precisan que sería «una paradoja insalvable» que quien «facilitó el ejercicio de funciones de seguridad y protección del expresidente de la Generalitat mediante el dictado de una resolución habilitante (Buch), pueda ser amnistiado, dada la falta de beneficio personal patrimonial, y quien precisamente lleva a cabo estas funciones de seguridad y protección (Escolà) directamente no pueda serlo cuando su conducta se limita a percibir la retribución correspondiente por los servicios prestados, pero exclusivamente dentro del ámbito objetivo que la ley.»
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El tribunal, presidido por la magistrada Àngels Vivas, también ha revisado otros ocho casos de activistas y manifestantes condenados. Precisamente, Alerta Solidaria ha informado que Víctor Verdejo , condenado a tres años de cárcel por las movilizaciones de Tsunami en el Camp Nou, en 2019, es uno de los amnistiados. Y después, se ha confirmado la amnistía por los tres jóvenes de Granollers, los del 30G y Oleks, condenado a la pena más alta por una protesta: siete años y medio de cárcel.