El Gobierno central propondrá a las comunidades en la conferencia sectorial de este miércoles en Canarias repartir un total de 347 menores migrantes, de los que Aragón recibiría unos 20, cifra similar a la del pasado 2023, cuando se acordó que a la comunidad aragonesa llegarían 24 menores, aunque por el momento solo han aterrizado 16. Estas cifras, adelantadas por la SER y que fuentes del Ministerio de Infancia de Sira Rego han confirmado a este diario, dejarían a Cataluña como la comunidad con más migrantes menores a recibir: 31.
Este reparto, eso sí, es muy similar al planteado en las dos conferencias anteriores por Moncloa y que, en ambos casos, las comunidades bloquearon. En esa línea, cabe recordar que Cataluña es una de las comunidades más reticentes al reparto de los migrantes, con partidos como Junts manteniendo una postura especialmente beligerante, por lo que parece complicado que la propuesta de la ministra Rego llegue este miércoles a buen término.
Pero, en el caso de que finalmente sí lo hiciera, a la comunidad catalana le seguirían Madrid, Andalucía y Extremadura, a las que les correspondería acoger a 30 migrantes. Después iría Cantabria, con 29; Galicia, con 26; y Asturias y la Comunidad Valenciana, con 24 y 23, respectivamente. En el siguiente escalón ya se encontrarían Castilla y León (21); Castilla-La Mancha, que recibiría los mismos que Aragón, 20; el País Vasco, otra de las comunidades más reticentes, con 18; Murcia, con 16; y Navarra, con 15. Las regiones que menos migrantes recibirían serían, siempre atendiendo al reparto que propone el ministerio, las Islas Baleares (10) y La Rioja, a la que tan solo llegarían cuatro menores.
Mientras, el debate de si Aragón puede o no acoger a más o menos menores no acompañados se recrudece en la comunidad, con el fuego cruzado que apunta desde la dirección nacional de Vox a los gobiernos autonómicos cogobernados junto al PP. En el caso del Ejecutivo aragonés, se asegura que en estos momentos se está sobrepasando en un 21% las plazas disponibles para este fin, ante la inminente conferencia sectorial que se celebra este miércoles en Tenerife y en la que se decidirá cuantos niños procedentes de las islas recibirá cada comunidad en esta ocasión. Lo ha dejado claro este martes el presidente del gobierno aragonés, Jorge Azcón, al decir que la comunidad está “por encima” de sus posibilidades.
Unas declaraciones que resultan contradictorias con la respuesta que ha dado poco después el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, quien ha asegurado que el territorio está muy lejos» de un escenario en el que fuese “imposible” acoger a 10, 20 o 30 menores más, que todo hace indicar que serán los que recibirá Aragón, a tenor de los últimos repartos. Sin ir más lejos, el pasado 2023 acordó recibir a 24 migrantes, de los que han llegado 16, mientras que los ocho restantes llegarán, previsiblemente, a lo largo de este mes.
Las cifras reales
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De hecho, al dar las cifras oficiales, la DGA incluyó a estos ocho migrantes que aún están por llegar dentro de los 134 que se supone que hoy tiene en sus centros, por lo que sus estimaciones hablaban de una ocupación excedida en más de un 28%, cuando la cifra real y ajustada es el 21% ya citado, que responde a 126 menores migrantes sobre los 104 que la comunidad tiene en realidad asignados. Más allá del contraste de datos, Beltrán también matizó que la capacidad de acogida siempre puede ampliarse mediante “acuerdos bilaterales”. “Al final, es buscar recursos económicos y habitacionales”, concluyó Beltrán.
Por tanto, según los datos facilitados por la DGA, actualmente en Aragón hay 309 menores bajo la tutela del Gobierno en acogimiento residencial, de los cuales “134 son menores migrantes no acompañados” –incluidos los ocho que aún no han llegado–. Así, si la capacidad de la comunidad es de un total de 104 plazas, supone que Aragón tiene bajo tutela a 22 menores más de su capacidad. Más concretamente, de esas 104 plazas, 76 corresponden a un concierto de atención y las 28 restantes a un concierto de valoración.
La reforma de la ley
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Una acogida que, hasta el momento, es voluntaria entre las comunidades. No obstante, según la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que se pretende llevar a cabo, la ocupación migrante en las CCAA, las autonomías tendrían la “obligación” de atender a los menores hasta que se supere el 150% de la capacidad. Así lo explicaron a este diario fuentes de las entidades encargadas en la gestión en Aragón. Una cifra de la que la comunidad aragonesa aún está lejos, pues está a un 121% que además, tal y como señaló Beltrán, se puede ampliar si así se considera entre las comunidades y el Estado.
El carácter de la reforma de dicho artículo 35 fue pactado, por cierto, por el Gobierno central y el de Canarias, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular. En cambio, pese a que en un principio hubo voces favorables a aprobar el cambio de la norma en el congreso, como la del portavoz nacional del PP, Borja Sémper, la opinión del resto de comunidades gobernadas por el PP parece ir en otra dirección.
Las entidades consultadas por este diario matizan que “Aragón ha dejado claro que es una comunidad solidaria y que, en caso de necesitarlo, las oenegés estamos dispuestas a ofrecer más plazas”. Una posibilidad que, aseguran, “el Ejecutivo autonómico es conocedor”. Sin embargo, la postura del Gobierno de Aragón se mantiene firme en que su capacidad está sobrepasada.
Y es que, además de los 126 migrantes menores, Aragón cuenta con otras 105 plazas dentro del programa de transición a la vida independiente, para jóvenes de hasta 23 años. Es aquí donde entra también la guerra de versiones entre el Estado y la comunidad aragonesa, que “recuerda” que Moncloa “solo financia el primer año de atención y estancia de los menores migrantes”. El resto del proceso, que en ocasiones llega hasta los 23 años según la DGA, lo financia el propio Ejecutivo autonómico. Una cuestión que la comunidad ha puesto de manifiesto en las conferencias sectoriales, ya que, según dice, es de «corresponsabilidad».
Por contra, desde el Gobierno central sostienen que lo que se va a tratar en la sectorial de Tenerife, la tercera de los últimos meses, no va a ser la distribución de migrantes mayores de edad, que son responsabilidad, por completo, del ministerio, sino que tan solo se va a abordar el futuro de esos 6.000 menores. Declaraciones de las que se deduce que desde Moncloa se quiere separar ambos tipos de migración y el papel de cada administración en cada una de ellas.
El quid de la cuestión
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En cualquier caso, fuentes populares estiman, al igual que los datos confirmados a este diario por el ministerio, que el reparto que se debatirá este miércoles se saldará en unos 400 migrantes menores para el resto del territorio, cifras muy similares a las acordadas el pasado año y de las que, a Aragón, le correspondían en torno a un 5%, que se traduce en esos 24 menores ya mencionados.
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Sea como fuere, el quid de la cuestión reside en si la comunidad aragonesa tiene o no más capacidad para recibir a más menores migrantes, con Vox con el hacha de guerra preparado y el PP aceptando su papel “solidario”, aunque rechazando la reforma de la ley que en principio parecía que iba a apoyar. Así, la sectorial de Tenerife se antoja clave para el futuro, tanto del Ejecutivo aragonés como de los más de 6.000 jóvenes de Canarias.