La asociación provida Hazte Oír, personada como acusación popular en el caso por tráfico de influencias y corrupción en los negocios presuntamente cometidos por la esposa del presidente del Gobierno ha remitido un escrito a la decana de los juzgados de Madrid solicitando que se abstenga de adoptar “medidas de privilegios, ni extraordinarias” con respecto a Begoña Gómez de cara a su declaración del próximo 19 de julio ante el juez Juan Carlos Peinado. En su escrito, aluden al “historial violento del PSOE” desde 1910 para criticar la “innecesaria escolta personal” que acompañó a la mujer de Pedro Sánchez hasta los juzgados, mientras que los miembros de esta organización que se manifestaban contra ella fueron apartados al otro lado de la plaza.
En su primera citación del día 5 de julio se le permitió acceder al edificio por el garaje y se limitó la presencia de periodistas en los alrededores del Juzgado de Instrucción número 41. Por ello, a juicio de esta acusación, la mujer de Pedro Sánchez debe acceder para su declaración del 19 “por los lugares habilitados para el resto de usuarios de la administración de justicia”. Igualmente, solicitan que “no se acuerden medidas limitativas de derechos fundamentales como el de deambulación o información, con respecto a periodistas, abogados, funcionarios o usuarios de la administración de justicia, limitándose las medidas de orden a las habituales de la sede judicial”, según señala el escrito presentado.
Así, consideran irónico que se adopten estas medidas y Gómez cuente con escolta cuando tanto el juez Peinado como las acusaciones no cuentan con esta protección “y todos conocemos perfectamente el historial violento del PSOE”. Para ilustrarlo, parten de lo que denominan “discurso de odio e su fundador, Pablo Iglesias Posse” cuando el 7 de julio de 1910 manifestó que su aspiración era “la supresión de la Magistratura, la supresión de la Iglesia, la supresión del Ejército».
También citan en el escrito la “colaboración del PSOE con la dictadura de Primo de Rivera”, la participación del partido “en la subversión del orden legal el 14 de abril de 1931, haciendo pasar el supuesto resultado electoral de unas elecciones municipales como si hubieran sido unas constituyentes” y la “participación en el golpe de estado y conato de guerra civil en octubre de 1934 por negarse a acatar el resultado de unas elecciones”. Agregan “el asesinato de José Calvo Sotelo”, y “la organización de checas y participación en secuestros y asesinatos en el periodo 1936-39”, concluyendo con “la organización del GAL en la década de 198″, y el “acoso de sedes de partidos contrincantes sus disculpas pacifistas”.
Su petición, razonan, busca garantizar una administración de justicia imparcial, y evitar al Instructor, letrado de la administración, funcionarios del Juzgado de Instrucción n.º 41 y letrados de la acusación la percepción de comportamientos objetivamente (aunque no fuera esta su finalidad) condicionantes o amedrentadores“, concluyen en su misiva a la jueza María Jesús del Barco.
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A lo largo de su escrito abundan en la idea de que las medidas adoptadas en torno a la declaración de Gómez el pasado 5 de julio “actuaron, a todos los efectos, como aquella aseveración realizada por el seráfico Cardenal Cisneros, regente de Castilla, cuando señalando un batallón de artillería les dijo a los levantiscos nobles castellanos aquello de ‘Estos son mis poderes'”. En el caso de Begoña Gómez, inciden en que “la exhibición de todos estos privilegios y medidas de seguridad tienen la misma entidad para intentar producir el sometimiento del Juzgado y las acusaciones, como han producido ya el sometimiento de la Fiscalía”.