Por Peter Houghton
Al diablo con los derechos de propiedad y el medio ambiente, la actitud de “construir en todas partes” que enriquece a promotores y ayuntamientos puede volver a Valencia. PERO atención porque Orihuela Costa será la próxima.
Ya era evidente que esto ocurriría incluso a partir de las declaraciones que el presidente entrante y el nuevo gobierno del PP hicieron al asumir el cargo a principios de este año. Un artículo reciente de El País describe esas intenciones con bastante claridad. Un decreto establece el camino hacia la concreción legal, al menos a nivel regional. El “salvaje oeste” podría volver pronto.
En efecto, este “Decreto Ley”, es decir, aprobado por orden ejecutiva del Presidente y Consejo de Ministros valencianos, sin ningún examen público o legislativo ni proceso de quejas públicas, se propone abolir o eviscerar la mayoría de las protecciones previstas en la actual ley del suelo, la LOTUP valenciana.
Esa ley regional, después de muchos años de lucha y mucha negociación, finalmente, bajo el anterior gobierno socialista regional, reemplazó (hace unos dos años) las notorias leyes de apropiación de tierras, la LRAU y sus sucesoras bajo la compleja LUV.
La LOTUP proporcionó un mayor grado de protección, en términos de derechos y restricciones a los promotores y ayuntamientos, sobre todo a los pequeños propietarios, en comparación con la estructura jurídica anterior.
El Decreto-ley 7/2024, de 9 de julio, del Consell, de simplificación administrativa de la Generalitat ya ha sido confirmado en el Boletín Oficial autonómico. ¡Tiene casi 200 páginas! Obviamente, será necesario un análisis jurídico más minucioso, que excede mis capacidades.
La característica principal de este decreto es que, si bien había medidas de protección bajo la LOTUP y PATIVEL, por ejemplo, que a menudo implicaban una prohibición total contra acciones arbitrarias por parte de las administraciones municipales (incluso alcaldes individuales), que favorecerían a los desarrolladores -y a los especuladores buitres-, la mayor parte, si no todo, de eso parece desaparecer bajo el nuevo “plan de simplificación” adoptado en el decreto.
En efecto, las normas que obligaban a determinados procesos y preveían prohibiciones y sanciones se convierten en meras directrices que deberían –o podrían- tenerse en cuenta. Los Diez Mandamientos podrían, con el mismo procedimiento de dilución, convertirse en los diez asuntos en los que sólo hay que pensar: “No matarás, no robarás, no codiciarás” pasaría a ser “tal vez no deberías matar, no robarás, no codiciarás” sin ninguna razón o excusa. El decreto convierte en ley regional lo que se anunció como concepto a principios de este año y fue criticado en un artículo de “El País” del 13 de mayo.
Lo que no está claro es hasta qué punto el decreto de “flexibilización” tiene en cuenta las leyes nacionales que regulan el medio ambiente, la distribución y el uso del agua o, en este sentido, las normas de la UE en lo que respecta a las mismas cuestiones, o las zonas costeras, etc. De la lectura de los artículos parece que, por el momento, pueden ignorarse hasta que se impugne cualquier plan de desarrollo regional a través del complejo sistema judicial español o se lleve al TJUE.
Por ahora, basta. Algunos propietarios, especialmente aquellos con propiedades más grandes, vistas, etc., tendrán buenas razones para estar aprensivos ahora que el proceso de “simplificación” puede y probablemente funcionará en contra de sus intereses.
ES EVIDENTE QUE EL DINERO HACE LAS LEYES, NO LOS POLÍTICOS