La Moncloa ha visto cómo se gestaban, crecían y menguaban tantos malestares internos en el PSOE por los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo que este último episodio, explican los colaboradores del jefe del Ejecutivo, supone solo un nuevo capítulo dentro de la historia de siempre. El acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat a cambio de un concierto económico en Catalunya, con el visto bueno del Gobierno central, ha vuelto a desatar los recelos en las filas socialistas, pero de forma mucho más transversal que en otras ocasiones, con casi todos los territorios advirtiendo de los riesgos de un nuevo modelo que la Moncloa negaba hasta hace tan solo unas semanas. Aun así, el entorno de Sánchez intenta transmitir tranquilidad. “El malestar no tiene ningún recorrido. La semana que viene todo volverá a estar en su sitio”, señalan fuentes del Ejecutivo.
De momento, la inquietud, que va mucho más allá de barones alejados desde hace mucho tiempo de Sánchez, como el castellano-manchego Emiliano García-Page y el aragonés Javier Lambán, no da signos de remitir. Asturias se sumó este jueves al coro crítico. Extremadura pidió una reunión del comité político federal, que reúne a todos los líderes territoriales, para debatir el acuerdo con ERC. Otras federaciones se sumaron a la propuesta, pero la convocatoria depende solo de Sánchez como secretario general y en la dirección del PSOE señalan que ahora mismo no está en sus planes.
Mientras tanto, el propio Illa y otros dirigentes socialistas han contactado estos días con los distintos barones del PSOE para intentar aplacar su inquietud. Los argumentos que transmiten son básicamente tres.
El más importante de todos tiene que ver con la dimensión política de la vuelta del PSC a la Generalitat, gracias a un pacto con el independentismo que rompe la dinámica de bloques que ha vivido Catalunya durante la última década. La llegada de Illa, explican en la Moncloa, pondrá punto y final al procés, culminando un camino que ha tenido sus etapas principales en la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Govern, los indultos y la amnistía, tres arriesgadas iniciativas que también levantaron polvareda interna en su día. “El tiempo también nos dará esta vez la razón. Cuando Illa logre la investidura, estaremos en otra situación”, anticipan los colaboradores de Sánchez.
Una “solidaridad” inconcreta
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El segundo argumento va más allá de la situación en Catalunya. Pese a que el pacto con los republicanos supone la salida de Catalunya del régimen común (siempre que llegue a materializarse, algo que no está asegurado porque falta que las bases de ERC lo validen este viernes y que después el Congreso apruebe una reforma legal que necesita mayoría absoluta), la “solidaridad” entre autonomías continúa garantizada, insisten en el círculo del presidente del Gobierno.
La palabra aparece en 10 ocasiones en el documento sellado por los socialistas catalanes con los republicanos, que supone que la Generalitat asuma la recaudación de todos los impuestos dentro de su territorio, un enfoque que el Gobierno central había asegurado hasta ahora que no estaba dispuesto a permitir. “La aportación a la solidaridad ha de ser explícita y reflejarse de manera transparente. La Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las otras comunidades autónomas para que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar”, señala el documento, que deja claro que este enfoque vendrá limitado por el principio de ordinalidad, para que los territorios con menos capacidad fiscal no terminen superando en recursos a los más ricos.
Pero el acuerdo no concreta cómo se calcularía el cupo que abonaría la Generalitat al Gobierno central para sufragar los servicios que el Estado presta en Catalunya, ni tampoco detalla fórmula alguna para computar la cuota de solidaridad a las comunidades con menor renta. “Las concreciones irán avanzando en los próximos meses”, se limitan a señalar en el Gobierno.
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En el fondo, continúan las mismas fuentes, el sistema de financiación no es en sí mismo tan importante. Lo verdaderamente relevante, aseguran, es quién gobierna. Aquí es donde aparece el tercer argumento que emplean Illa y otros dirigentes para rebajar el malestar. También Sánchez. En sus dos comparecencias consecutivas este semana, el presidente insistió en esta idea. “Con este mismo sistema de financiación autonómica, España sufrió los mayores recortes y ajustes del Estado del Bienestar en manos de las comunidades autónomas. Y con este mismo sistema en estos últimos seis años el Gobierno habrá aumentado en 300.000 millones de euros más las transferencias en recursos. ¿Cuál es la diferencia? Que antes hubo un gobierno del PP y hoy hay un gobierno presidido por el PSOE”, dijo el miércoles el jefe del Ejecutivo, imputando esta abultada diferencia entre la etapa de Mariano Rajoy y la suya a la voluntad política, sin tener en cuenta que ahora la coyuntura económica es mucho más favorable que entonces.