Sin un solo acercamiento entre los dos grandes partidos en materia migratoria -a pesar de la situación límite de Canarias y Ceuta, y los desafíos internacionales que contribuyen a un fenómeno que no va a dejar de crecer- ni posibilidades de que se alcance algún acuerdo de Estado –tampoco para reformar la Ley de Extranjería– la oposición recrudece sus posiciones. El objetivo es seguir metiendo presión al Gobierno de Pedro Sánchez, en plena gira por África.
Como ocurrió en el arranque del verano, PP y Vox han vuelto a entrar en una competición de dureza en sus posiciones, con fuertes críticas a la propuesta del presidente desde Mauritania -que apunta a la migración circular con programas de formación y contratos de trabajo estacionales, como existen ya en otros países- y acusaciones de “efecto llamada”.
En el caso de Santiago Abascal las advertencias van un paso más allá: “Los españoles van a tener que empezar a defenderse por ellos mismos. Pero de verdad”, escribió en su red social ‘X’. El líder de ultraderecha, a ofensiva también contra el PP tras la ruptura de los gobiernos autonómicos, se emplea a fondo para igualar a populares y socialistas en la crisis, mirando especialmente a zonas más afectadas por la inmigración irregular dentro de España: “Los gobiernos, el de Moncloa y el de las autonomías, han traicionado, estafado y vendido a los españoles”.
Los ataques a Alberto Núñez Feijóo no terminan ahí. Vox reprochó a Sánchez estar “promocionando una invasión” y hacerlo “de la mano del Partido Popular y de todos sus amos internacionales. Desde Úrsula a Kemala”, en referencia a Von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea) y la candidata demócrata a la presidencia de EEUU, Kamala Harris. Además, en paralelo el partido ha lanzado mensajes contra las autonomías en manos del PP, ya en solitario después de su salida, acusando a los presidentes autonómicos de “no cumplir la palabra dada” por estar aceptando a menores migrantes no acompañados.
En este contexto de competición en la derecha, el PP también ha optado por seguir endureciendo el tono. En el mes de julio ya hubo un giro claro en el que Génova decidió priorizar la seguridad en el debate migratorio, cuando Feijóo aseguró ante los primeros espadas de su partido que “la preocupación social va en aumento” y dejando a un lado la “solidaridad” que había reclamado durante semanas. Miguel Tellado, igual que hizo el líder de su formación, acusó al Ejecutivo de ir “en la dirección contraria” a países como Italia o Alemania, “que hablan de deportaciones masivas“.
Precisamente después de que la ultraderecha abandonara los ejecutivos de coalición, en el equipo más cercano del líder conservador reconocían “haber analizado” que la inmigración irregular ya se trata de una preocupación “transversal” a izquierda y derecha y que no dejará de crecer.
Hace solo unos días, la responsable de la materia en el PP, Ana Alós, presentó una Proposición No de Ley (que se debatirá con el arranque del periodo de sesiones ordinario en el Congreso) en la que el partido también hace hincapié en el necesario control de las fronteras y el trabajo en países de origen. Sobre lo primero, a pesar de las críticas de xenofobia que el Gobierno lanza al primer partido de la oposición, los conservadores insisten en que el pacto migratorio europeo -firmado por PP y PSOE en Bruselas- va en la misma línea. Sobre lo segundo el PP sigue sin detallar su propuesta y critica los recientes anuncios del Gobierno, precisamente en los países de origen.
La iniciativa del PP recoge, además, las principales demandas que ya pusieron encima de la mesa para apoyar la reforma de la Ley de Extranjería y que el Congreso terminó tumbando. Sobre todo, lo relativo a la financiación y los recursos a disposición de los menores no acompañados hasta su emancipación (y que consideran que debe recaer sobre el Estado toda vez que las CCAA hayan copado las plazas y los recursos que tienen en sus territorios), además de poner a disposición infraestructuras estatales que no se están utilizando y permanecen cerradas mientras se improvisan carpas en Canarias y Ceuta. El PP sigue reclamando la declaración de emergencia nacional para el resto del país cuando se encuentren en una situación crítica como ocurre en las islas y en la ciudad autónoma.
Fue a principios de julio cuando Feijóo, aprovechando un encuentro con sus socios europeos y la propia Ursula von der Leyen, lanzó un aviso de lo que estaba ocurriendo en España como frontera sur del continente, y una llamada de socorro. “Estoy preocupado”, dijo, pidiendo a la presidenta de la Comisión que se implicara. Esta semana el presidente canario, Fernando Clavijo, escribió una carta a la dirigente alemana en la misma línea, transmitiéndole la necesidad de poner en marcha un plan similar al que se acometió en Lampedusa (Italia).
Precisamente, el bloqueo de Túnez como puerta de salida al Mediterráneo ha avivado el flujo de migrantes -sobre todo de Malí- hacia la ruta canaria porque ya no tienen otra alternativa para llegar a Europa.
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Mientras PP y Vox se disputan el discurso más duro contra el Ejecutivo, Clavijo y Juan Jesús Vivas (del PP y presidente de Ceuta) se han aliado en busca de apoyos definitivos para la reforma de la Ley de Extranjería, que ven indispensable aprobar en cuanto arranque la actividad en el Congreso en septiembre.
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