El Tribunal Supremo no se pronunciará sobre la exposición razonada remitida por el juez Joaquín Aguirre sobre la trama rusa del ‘procés’ hasta que la Audiencia Provincial de Barcelona no resuelva los recursos interpuestos por las defensas contra su negativa a aplicar la amnistía a los 13 investigados en la causa. De esta forma la Sala Segunda únicamente decidirá si abre una nueva causa al expresidente catalán Carles Puigdemont, si el tribunal catalán ratifica la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona de rechazar la aplicación de la medida de gracia.
Fuentes del alto tribunal han señalado a EL PERIÓDICO que la ley de amnistía prevé que su aplicación corresponda al juez encargado de la causa en cuestión, que en este caso es Aguirre. Y la Sala de lo Penal del Supremo no puede abordar los argumentos remitidos por el magistrado en la exposición razonada que remitió en julio para que se impute a Puigdemont hasta que la Audiencia de Barcelona avale su negativa a aplicar la medida de gracia. De lo contrario se produciría una vulneración del derecho de defensa, al privar a los imputados de uno de los recursos previstos en la ley.
Si la Audiencia catalana determina que debe aplicarse la amnistía al procedimiento y, por tanto, debe ser archivado, el Tribunal Supremo ya no podrá pronunciarse sobre la exposición razonada, que dejaría de tener validez. El juez Aguirre acordó el mismo día rechazar la aplicación de la amnistía y añadir a los delitos de traición y malversación de fondos, que ya planteaba en la causa que instruye por las presuntas injerencias rusas del ‘procés’, otro delito por organización criminal, a la vez que situaba en su cúspide a los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, a quienes otorgaba “el liderazgo y control de las acciones que tomaban sus cuadros directivos”, lo que les permitía “suspender” o “modificar” los contactos con los representantes rusos.
Aguirre remitió al Supremo la causa porque Puigdemont y el diputado de Junts Francesc de Dalmases son aforados y solo el alto tribunal puede investigarles y, en su caso, juzgarles. Según exponía, el “somero análisis comparativo entre la doctrina estratégica rusa” y el concepto de “amenazas híbridas es suficiente para concluir, más allá de toda duda”, que Catalunya fue objeto de una campaña de “confrontación informativa” durante los años del ‘procés’ “para llevar a cabo operaciones de desestabilización”.
Sostenía que teniendo en cuenta los “objetivos en juego” y la existencia de “contactos directos” entre dirigentes independentistas “de primer nivel” (como fue el caso de Puigdemont, que habría recibido en su residencia oficial a presuntos emisarios rusos días antes de la declaración unilateral de independencia fallida) y el “despliegue de agentes encubiertos” el “caso catalán muestra más paralelismo con las fases iniciales de los conflictos de Crimea y Montenegro” que una “simple injerencia con fines de desestabilización”.
Aguirre precisaba que, en el caso de Catalunya, “involucraron a personas del más alto nivel de la Generalitat“, incluyendo a su president y ello “habría facilitado y reforzado considerablemente el proceso de injerencia rusa”. Explicaba que se ha podido acreditar que “estas personas mantuvieron contactos con individuos cercanos a los servicios de inteligencia rusos y el gobierno de la Federación Rusa” y “se ha podido conocer las mutuas exigencias para llegar a un acuerdo común que beneficiara a ambas partes”, en referencia a la propuesta de los supuestos emisarios del Kremlin de ofrecer apoyo miliar y económico a cambio de una legislación favorable a las criptomonedas en una Catalunya independiente.
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La exposición razonada señalaba que “para la política rusa, el ‘procés’ era una herramienta perfecta” que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente. En el caso de que el proceso de secesión fracasara, como ocurrió, “la simple existencia del conflicto” y la “consecuente desestabilización” de un país miembro de la OTAN, ya representaba “una victoria notable para los intereses de Rusia”. Y en el supuesto de que hubiera concluido con éxito, “Rusia habría contado con una puerta trasera para desestabilizar la Unión Europea“, tanto políticamente como económicamente, mediante el uso “fraudulento” de las criptomonedas.