Los resultados de las últimas elecciones catalanas, que supusieron un varapalo sin paliativos para el independentismo, obligaron a los partidos a reinventarse. Junts y la CUP ya han acabado sus procesos internos para afrontar esta nueva etapa, y a finales de este mes será el turno de ERC, que celebrará unas primarias con cuatro listas enfrentadas y en un clima de guerra total. Pero más allá de los partidos, la renovación del independentismo ha llegado también a otras esferas del movimiento, como el Consell de la República.
En 2022, el expresident Carles Puigdemont decidió dejar la presidencia de Junts para centrarse en el Consell. Sus argumentos fueron que el organismo no podía quedar anclado a unas siglas concretas, para conseguir aglutinar y unir a todo el independentismo, y que tenía que dotarse de un papel más institucional. Un argumento que ahora, con su regreso a la presidencia de Junts, queda en entredicho.
Puigdemont ha decidido emplearse de nuevo en el partido para empoderarse de cara a una negociación de tú a tú con el PSOE y para construir una alternativa al Govern de Salvador Illa, algo que quiere hacer abriendo el partido a más sensibilidades y desde la “centralidad”. Su prioridad, a partir de ahora, será esa y no el Consell.
Y no solo Puigdemont ha vuelto a tener un papel orgánico dentro de la formación posconvergente, en la nueva cúpula de Junts hay dos miembros más de la entidad con residencia en Bélgica. Uno de ellos es Antoni Castellà, hasta ahora líder de Demòcrates y ahora vicepresidente de Junts, y otra es Teresa Vallverdú, que ejerce en la nueva ejecutiva como vocal especializada en políticas de seguridad y civismo.
“El Consell no puede ser una extensión de la ejecutiva de Junts”, apunta un de miembros de la dirección de la entidad consultados por EL PERIÓDICO. También otro de los integrantes del organismo habla de la necesidad de “reformular” y “repensar” el proyecto, también para adaptarlo a la nueva situación del independentismo, aunque sin concretar cómo. “Hay muchas fórmulas”, remacha el primero, que descarta, sin embargo, una desvinculación total de Puigdemont y asegura que la organización debe seguir orbitando “alrededor del exilio”, esto implica el expresident, pero también los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, que no han conseguido resolver su situación judicial a pesar de la aprobación de la ley de amnistía.
La entidad tuvo un papel importante en la organización del regreso de Puigdemont a Barcelona el pasado 8 de agosto, y en su fuga posterior, algo que sus integrantes consideran como un aval a su existencia y continuidad. Sin embargo, más de uno considera que, en una nueva etapa sin mayoría independentista y con un Govern socialista en la Generalitat, debe reformularse.
La “irregularidades”
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Pero, más allá del regreso de Puigdemont en Junts y del contexto independentista, el Consell tiene otra patata calienta por abordar, las supuestas irregularidades en la gestión de Comín, que ejerce como vicepresidente. Cuando en julio de este año salió la primera de las acusaciones, el órgano de gobierno del Consell cerró filas con Comín, pero encargó una auditoría, cuya conclusión ha sido clara: hay 15.530,35 euros de gastos de Comín que no están debidamente justificados. Entre estos gastos hay el alquiler de un vehículo por 15 días de 1.997,35 euros, un apartamento en el sur de Francia por un total de 2.562 euros, los impuestos derivados de su casa en Lovaina (Bégica) que llegan a los 4.608 euros, además de una retirada de 6.000 euros en efectivo.
Y no solo esto. CatGlobal -la empresa que actúa como paraguas legal del Consell en Bélgica- también acusa a Comín de haber usado donaciones destinadas a la defensa de los agentes de los Mossos de Esquadra arrestados por haber ayudado a Puigdemont en su huida, para pagar una deuda del Consell de 2022, correspondiente a la celebración del aniversario del 1 de octubre, según ha publicado El Món.
Comín siempre ha alegado que estos gastos no justificados son derivados del ejercicio de sus funciones como representante de la entidad y ha denunciado que detrás de estas acusaciones hay “ánimo de venganza” del exgerente de CatGlobal, Sergi Miquel. Unas acusaciones que no comparten otros miembros del Consell.
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Sea como sea, todo ello obliga a mover ficha. De momento, Comín, que aún no ha sido amnistiado y sigue sin poder acceder a su escaño en la Eurocámara, seguirá en el cargo. Sin embargo, se ha acordado delegar la gestión del ámbito financiero a dos miembros más de la entidad. Es decir, que el exconseller ya no podrá tomar decisiones económicas él solo y que para dar cualquier paso, deberá tener el apoyo de, como mínimo, otro de los miembros. También se ha decidido establecer “unas normas básicas de gobernanza claras”.