Se cumplen 100 días desde que Salvador Illa tomó posesión como presidente de la Generalitat de Catalunya habiendo logrado la investidura gracias al apoyo de ERC y de los Comuns. Su principal aportación durante este breve período ha sido la reinstauración de la normalidad política e institucional tras más de una década de desatinos. Illa mantiene una buena interlocución con el Gobierno de España, ha recibido al Jefe del Estado, ha asistido a la ceremonia de apertura del año judicial en Catalunya, se ha reunido con todos los expresidentes de la Generalitat que no están en activo, se ha dado cita con algunos presidentes autonómicos y quiere hacerlo con el resto, así como con algunos alcaldes, y ha recibido los representantes de los distintos grupos parlamentarios catalanes.
Un comportamiento que llama la atención, por contraste, con las prácticas de gobiernos anteriores pero que en realidad es el esperable en el marco de un sistema democrático y por parte de dirigentes políticos que actúan responsablemente y con lealtad. En su debut, Illa se ha caracterizado dar prioridad a las formas, a las buenas formas, que últimamente escasean tanto en política y por el respeto institucional como pone de manifiesto su comparecencia parlamentaria esta pasada semana, a petición propia, para informar de la gestión de la Generalitat ante la reciente DANA, que ha sido aplaudida por parte de todos los grupos oposición y que en cierto modo dota de contenido a la primera parte de su lema presidencial ‘Unir y servir’.
Sin embargo, y por mucho que esta actitud lo convierta en una rara avis en un panorama político embarrado, tanto en sentido figurado como en sentido literal, su impronta debe ir más allá de su manera de hacer las cosas. Al fin y al cabo, su legado se medirá más por lo que ha hecho que por cómo lo ha hecho. Desde el inicio de la legislatura y más allá del compromiso con una financiación singular para Catalunya, una política institucional de calado, el presidente ha hecho anuncios importantes en materia de políticas públicas como son el plan de choque contra la sequía, la apuesta por mejorar los barrios como mecanismo para garantizar la cohesión social, el plan de construcción de 50.000 viviendas o su apuesta por la modernización de la administración pública que le ha llevado a anunciar el fin de la cita previa o a poner en marcha una comisión de expertos para abordar la reforma.
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Pero para que estas ambiciosas políticas puedan llevarse a cabo es necesaria la aprobación de los presupuestos de la Generalitat y estos, hoy por hoy, no tienen los apoyos garantizados. Por parte de los Comuns por las diferencias que los separan respecto a algunas políticas que apoya el gobierno Illa, como por ejemplo la ampliación del aeropuerto de El Prat. Y por parte de ERC por la incertidumbre que genera su inestable situación interna y los resultados de su próximo congreso. Por ello y a pesar de que existan otros socios potenciales y de que algunas voces, como la del expresidente Mas, hayan abogado porque se produzca una entente entre Junts y el PSC, no es nada evidente que las buenas formas de Illa acaben en breve produciendo políticas públicas. Y ese es el reto de los próximos meses, avanzar hacia el qué y determinar con quien.
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