El Partido Popular ha reclamado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) que anule la decisión de la Audiencia Nacional de considerar prescrita la investigación contra la cúpula de ETA por el asesinato en 1997 del concejal de la formación conservadora en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco y confirme el auto de procesamiento que dictó el exmagistrado Manuel García Castellón el pasado 25 de abril contra los exintegrantes de la cúpula de la banda terrista Miguel Albisu Iriarte ‘Mikel Antza’ y Ignacio Miguel Gracia, conocido con el alias de ‘Iñaki de Rentería‘.
El PP ha presentado este recurso de casación al considerar, al contrario de la versión de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que la reapertura de la causa en 2016 evitó la prescripción de los hechos, que hubiera ocurrido en 2017, tras pasar los 20 años previstos por la ley.
Sobre esta cuestión, la formación conservadora sostiene que el Tribunal Supremo ya dictó en 1998 una setencia sobre el caso de Segundo Marey, que fue avalada por el Constitucional en 2001, que establece que en “supuestos de criminalidad organizada, se interrumpe el cómputo de la prescripción cuando el procedimiento se dirige contra el grupo u organización criminal, y ello aunque no se designe nominalmente a los concretos responsables ni se den datos a través de los cuales pudieran llegar a ser identificados”.
Delitos de terrorismo
En el mismo sentido, el PP rechaza que la responsabilidad penal de ‘Mikel Antza’ e ‘Iñaki de Rentería’ haya decaído, pues la Ley Orgánica 5/2010 determina “la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo, siempre que hubiesen ocasionado la muerte de una persona”, como es el caso del exconcejal del PP de Ermua.
Además, la citada reforma, completa el PP, “entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, fecha en la que todavía no había transcurrido íntegramente el plazo de prescripción vigente al tiempo de la comisión del secuestro y asesinato terroristas que constituyen el objeto de este procedimiento”.
Cuatro procesados
Además de ‘Mikel Antza’ e ‘Iñaki de Rentería’, el juez García Castellón también procesó a Soledad Iparrraguirre, ‘Anboto’, y José Javier Arizcuren Ruiz ‘Kantauri’ al considerar que los exjefes de la banda estuvieron implicados en el asesinato en tanto que, como máximos dirigentes, podrían haberlo impedido.
El PP destaca en su escrito “la especial naturaleza y gravedad de los hechos que constituyen el objeto de este procedimiento, nada menos que el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido“, al tiempo que recuerda que el Parlamento Europeo el 4 de marzo de 2022 recomendó a España, en relación con 379 asesinatos aún no resueltos cometidos por la banda terrorista ETA, que se “agoten las posibilidades interpretativas del Derecho penal a fin de perseguir tan graves delitos“.
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La formación liderada por Núñez Feijóo considera que la interpretación de la Audiencia Nacional “es irrazonable, por cuanto resulta manifiestamente contraria a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), del Tribunal de Justicia de la Unión Euoprea (TJUE), “a la más reputada doctrina especializada, e incluso al Derecho comparado, que afirman resueltamente la naturaleza procesal de la norma y la aplicabilidad inmediata de las prórrogas del plazo de prescripción siempre que el hecho aún fuera perseguible en el momento de su entrada en vigor”.