Mientras el equipo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil examina en calidad de policía judicial los dispositivos clonados del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de hacerlo con los de su subordinada Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, y más allá, por tanto, de los nuevos indicios que puedan aflorar, la suerte del fiscal parece ya estar definitivamente echada. Fuentes solventes consultadas por EL PERIÓDICO apuntan que existe alguna inquietud para cubrir esa eventualidad con una personalidad que no procedería del Ministerio Fiscal.
Por qué ¿con independencia de esas diligencias en curso, que podrían localizar pruebas conclusivas, estaría echada la suerte de Álvaro García?
La popular mención anglosajona al ‘smoking gun’ o pistola humeante, alude, contra lo que se cree, a aquella prueba conclusiva de un crimen o un delito, una prueba alternativa al flagrante delito o un delito que no necesita pruebas. Se trata, pues, de la prueba circunstancial más fuerte, opuesta a la prueba directa. La primera requiere inferencia; la segunda no.
Esa prueba circunstancial más fuerte, el ‘smoking gun’ sería el correo filtrado a varios medios de comunicación entrada la noche del miércoles 13 de marzo y a primera hora de la mañana del 14 de marzo de 2024. En dicho correo dirigido a la Fiscalía Provincial de Madrid, Carlos Neira, abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, reconocía el 2 de febrero de 2024 que su cliente había cometido dos delitos fiscales.
“Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Albert [sic] González, les comunica que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública, así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT [Agencia Estatal de Administración Tributaria]. Ruego que el Ilustrísimo/a Fiscal a quien se le asigne el asunto se ponga en contacto conmigo para cualquier cuestión o aclaración que pueda precisar”.
Este correo reservado del caso, que no había llegado entonces a un juzgado, salió a la palestra en respuesta a un correo también reservado y una noticia que filtró Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid la noche del miércoles 13 de marzo y la mañana del jueves 14 de marzo, en el que presentaba el pacto como iniciativa de la Fiscalía de Madrid con la apostilla de que alguien “de arriba” había prohibido al fiscal continuar la negociación.
Y el miércoles 13 de marzo, asimismo, para desmentir directamente a Miguel Ángel Rodríguez, el fiscal general del Estado requirió a sus subordinados el expediente con los correos a fin de elaborar un comunicado. La FGE lo distribuyó pasadas las diez de la mañana del jueves 14 de marzo.
Participación preeminente del FGE
En el informe de la UCO sobre los dispositivos de Pilar Rodríguez no aparece esa pistola humeante que acredite quién filtró el ya célebre correo. Sin embargo, la UCO sostiene que existió una “participación preeminente” del FGE en la filtración de los correos, corroborando de este modo la denuncia de Alberto González Amador.
Álvaro García Ortiz pide los correos la noche del 13 de marzo, en el momento en que el fiscal a cargo, Julián Salto, se encuentra en el estadio Bernabéu viendo el partido AC Milan-Real Madrid. Se le remite el expediente con los correos a las 21:59. Aunque el contenido del correo se reproduce literal a las 23:51 horas del 23 de marzo, es cierto que varios medios dan la información, no literal, a partir de 22:10; otro medio daba noticia sobre el contenido, sin citarlo, a las 23:35. El 14 de marzo, a las 7:49 y 9:06 de la mañana, respectivamente, dos medios reproducen un pantallazo del correo. Por tanto, es evidente una cosa: hay una campaña.
Entran Pilar Sánchez y Lobato
El 13 de marzo ocurre un hecho. Al finalizar su reunión de gobierno de la Comunidad de Madrid, en Leganés, la presidenta Díaz Ayuso denunciaba, pasadas las 14 horas, “una inspección fiscal salvaje”, una operación de un asunto “turbio y orquestado por los poderes del Estado contra un particular”, en alusión a su pareja González Amador. Allí donde su pareja ya ha admitido los delitos fiscales y disposición a pagar hasta 500.000 euros para librarse de la cárcel, Díaz Ayuso ve, al revés, que Hacienda adeuda a González Amador 600.000 euros.
El portavoz del partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, prepara su intervención para el Pleno del parlamento regional del jueves 14 de marzo. Lo hace, como es habitual, en consulta con Pilar Sánchez Acera, diputada de la Asamblea de Madrid, número tres de la dirección regional y… jefa de gabinete de Óscar López, a su vez director de gabinete de Pedro Sánchez en La Moncloa.
Sánchez Acera y Lobato se intercambian varios mensajes sobre cómo abordar el asunto de la pareja de Díaz Ayuso. Según la versión de Lobato, la diputada le apunta que debe utilizar el contundente correo del abogado de González Amador, que desmiente la manipulación del correo de la Fiscalía de Madrid por parte de Miguel Ángel Rodríguez y las declaraciones del día de la víspera de Díaz Ayuso. Lobato, de profesión técnico de Hacienda, pregunta cuál es el origen del correo, a lo que Pilar Sánchez Acera responde que se ha publicado en medios.
Lobato, en efecto, airea en la Asamblea de Madrid el correo y denuncia a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Según fuentes fiables, Lobato se escandaliza cuando la Sala Segunda del Supremo abre diligencias contra García Ortiz y ordena el registro de su despacho, y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, operación que dura 12 horas, en la que se clonan los dispositivos (móviles, iPad, y ordenadores).
Lobato está al tiempo en una batalla encarnizada con Óscar López que es el candidato para sustituirle al frente del partido Socialista de Madrid. En este contexto, para protegerse acude a un notario de Madrid y deja constancia de su intercambio de mensajes con Pilar Sánchez Acera. Es él mismo, según fuentes solventes, quien se encarga en medio de la batalla interna del partido, filtrar su historia del notario, el pasado domingo 24 de noviembre, para que se haga pública la situación. Al juez Ángel Hurtado le falta tiempo y el lunes 15 fue a por la pieza inesperada del puzle que acababa de aflorar: citó a Lobato muñido de su acta notarial este viernes 29 de noviembre.
Pero el juez Hurtado ya tiene prácticamente lo que necesita para armar ese puzle. La UCO convertida en apuntador de teatro ya se lo ha dicho. Todos los elementos circunstanciales -las horas, los recortes periodísticos, la referencia a las fuentes, el comunicado que corona la campaña- están disponibles ya. Si aparece la pistola humeante, claro, será mejor.
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“Las comunicaciones y actos de terceros, vamos, los datos encajan cronológicamente como los engranajes de un reloj. Se trata de una prueba de indicios que en un caso normal de tráfico de drogas o terrorismo sobra para condenar al acusado”, señala un jurista de reconocido prestigio a este diario. Álvaro García Ortiz podía haber evitado esta situación. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, le explicó el 13 de marzo que bastaba solamente con emitir un comunicado desmintiendo a Miguel Ángel Rodríguez, a saber, no fue la Fiscalía de Madrid la que ofreció el pacto a González Amador. Pero el fiscal general no siguió el consejo. Quizá porque formaba parte de un escenario montado al que, a esas alturas, ya no le podía fallar.
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