Isabel Díaz Ayuso no quiere oir hablar de la posibilidad de encontrarse con actos en recuerdo de los 50 años por la muerte de Franco en la Puerta del Sol. Menos aún en la sede del Gobierno regional donde ella tiene su despacho presidencial, justo sobre el kilómetro cero. Por eso el PP ha optado por explotar todos los resortes legales disponibles y ha encontrado una coraza legal para intentar que el Gobierno de Pedro Sánchez no declare el edificio de la Real Casa de Correos lugar de memoria democrática. Junto a la ofensiva judicial anunciada esta semana, hoy la Asamblea de Madrid aprueba una ley autonómica con la que intentar blindar este edificio.
Lo hará a pesar de las objeciones de los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid. Este viernes se aprobará la ley para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid, conocida como ley mini ómnibus y donde lo más destacado hasta ahora era la supresión del Consejo de la Juventud. Pero cuando se supo que el Gobierno de Pedro Sánchez había iniciado los trámites para declarar la sede del Gobierno regional como espacio de memoria histórica argumentando que durante el franquismo fue un lugar de tortura cuando albergó la Dirección General de Seguridad de la dictura, el PP incluyó en esta ómnibus una enmienda para intentar frenar esta iniciativa del Ejecutivo central.
Según el nuevo texto, cualquier placa o distintivo que quiera colocarse con caracter permanente en este edificio y “que pueda perjudicar o generar confusión sobre la Real Casa de Correos como sede de la Presidencia” requerirá “de la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid“. Es decir, una ley para que sea el ejecutivo de Ayuso el que dé o no permiso al de Sánchez para cualquier gesto conmemorativo que quiera instalar en este edificio. La dirigente madrileña ya acusó al presidente de querer “quemar las calles” y de haber “enloquecido” por organizar actos por la muerte de Franco en 2025, pero lo que quieren evitar a toda costa es un acto con presencia de Moncloa en el que se identifique la sede del Gobierno regional con la tortura o la época franquista.
Advertencias de los letrados
Los servicios jurídicos advirtieron al grupo popular, haciendo referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional, sobre la posible irregularidad de esta enmienda al introducirla en una normativa que no trataba sobre esta materia. Incluir a posteriori enmiendas sobre algo que no se preveía regular previamente “no puede servir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva, que debe nacer de una, también, nueva iniciativa”, reza el informe de los letrados autonómicos.
Pero el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, confirma que la ley seguirá adelante su tramitación “en los términos planteados” con esta nueva “protección” a la sede del Ejecutivo autonómico, de modo que este viernes se aprobará una ley autonómica que pretende contrarrestar políticamente la Ley de Memoria Democrática.
“Sánchez quiere intervenir Madrid con todas las formas posibles, (…) ahora quiere pervertir hasta este edificio“, ha apuntado Pache reiterando que para el PP esta iniciativa del Gobierno de Sánchez se ve como un ataque al ejecutivo autonómico. Respecto a los informes jurídicos de la cámara, se limita a explicar que él sí ve la “conexión material” de la enmienda con el contenido original de la ley ómnibus porque trata sobre la gestión pública local y autonómica y ahí entran los distintos edificios.
Recorrido judicial
La norma nace así hoy con la amenaza de terminar en los tribunales. Tanto Más Madrid como PSOE han adelantado que acudirán al Defensor del Pueblo y a los tribunales por la “artimaña” de Ayuso, en palabras de Manuela Bergerot, para evitar esta ley nacional: “Mirar de frente a nuestra historia es incómodo pero es un signo de madurez, pero (el PP) no debe negar a los madrileños el derecho a poder recordar”. Por eso ha señalado que está dispuesta a llevarlo al Tribunal Constitucional “para garantizar la calidad democrática”.
En el PSOE, su portavoz Jesús Celada, ha señalado que la aprobación de esta enmienda es un ejemplo más de la “insumisión constante” de Ayuso a las leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España. Se ha mostrado así dispuesto a recurrir la nueva ley ante la justicia, si bien seguirán las indicaciones del Ejecutivo y del PSOE antes de tomar ninguna decisión.
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La ley se aprueba al mismo tiempo que el Gobierno de la Comunidad ha dado un ultimátum a Sánchez para que dé marcha atrás a esta declaración. Este miércoles su ejecutivo anunció que había solicitado formalmente la cancelación de la tramitación, que es solo el paso previo para poder acudir después al Tribunal Constitucional. En el equipo de Ayuso defienden que se vulneran las competencias autonómicas y lo consideran un “ataque frontal” a su Gobierno.