Como si el toque de atención de Felipe VI no estuviera dirigido a los dos grandes partidos políticos de España, sus gobernantes y su oposición. Si el día de Navidad quedó claro que ni Gobierno ni PP se daban por aludidos ante el discurso del Rey de esta Nochebuena, socialistas y populares insisten en culparse mutuamente por la ruptura absoluta de puentes. Lejos de hacer autocrítica, las dos grandes formaciones persisten en señalar a quien tienen enfrente como principal causante de la polarización actual. Desde que antes de verano consiguieran alumbarar el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -con cinco años de retraso- no ha habido más avances en otros asuntos que se consideran de Estado, como la inmigración, la violencia de género o más recientemente la “emergencia climática” tras la DANA.
El otro gran hito, pero que se remonta casi al inicio de la legislatura, fue la reforma del artículo 49 de la Constitución para dar cumplimiento a la histórica reivindicación de eliminar el término “disminuidos” y sustituirlo por el de “personas con discapacidad”. Las posiciones no solo se han ido alejando, sino que parecen haber llegado a un punto de difícil retorno. Hasta el extremo de traducirse en anomalías como que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha llamado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, desde que mantuvieron una reunión para abordar la hoja de ruta de la legislatura en diciembre del pasado año.
Los socialistas sitúan como línea roja que el PP esté alimentando “bulos”, en referencia a su amplificación de señalamientos “sin pruebas” como el del presunto cabecilla de la trama Koldo, Víctor de Aldama, o por dar voz a querellas “presentadas por organizaciones de ultraderecha basadas en recortes de informaciones falsas”. La denominada “judicialización de la política”, con la oposición centrada en las diferentes causas por las que se investigan a familiares de Pedro Sánchez, al exministro José Luis Ábalos o al fiscal general del Estado, fue ya uno de los principales mensajes del jefe del Ejecutivo en su balance de final de año para acusar a los populares de hacer una “oposición destructiva”.
En Moncloa justifican que ante este tipo de oposición no pueden quedarse callados y “dejarles ganar el debate de calle”. Aunque niegan caer en el ‘y tú más’, argumentan que deben poner al PP “frente al espejo” y dejar claro que no son lo mismo. Ya tras las elecciones generales, en el Gobierno se llegó a la conclusión de que no podían dejar de responder a los ataques y acusaciones de la oposición. Eso sí, con la máxima de mantener un tono “moderado” que, quitando la tregua autoimpuesta durante los días inmediatos a la catástrofe de la DANA, raramente se cumple.
En las filas populares, la visión es exactamente la opuesta. En la dirección nacional conservadora insisten en que ha sido este Gobierno “el que ha traspasado todas las líneas rojas”, incluido el ataque a los pilares del Estado como la separación de poderes, “con ministros que acusan a jueces de prevaricadores constantemente”. En el núcleo duro de Feijóo insisten en que “escucharon y atendieron” las palabras del jefe del Estado, pero vuelven a remarcar que “quien se está saltando todos los consensos” es Sánchez, a quien acusan de contribuir a “demonizar la Transición, incumplir la Constitución y resistir a cualquier precio dentro de la Moncloa”, incluso aprobando “amnistías inconstitucionales o cambiando al antojo de los independentistas el Código Penal”.
Además de la trama de corrupción que rodea al exministro Ábalos -aún en investigación- para el PP el caso que mantiene imputado al fiscal general del Estado por la filtración de datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso es uno de los más graves porque, dicen, “implica que todas las instituciones estén al servicio del presidente para destruir a una rival política“. En la Comunidad madrileña también defendieron el discurso del Rey con vehemencia, pero dejando claro que los mensajes más nítidos del monarca deberían ser escuchados “en el Gobierno”.
Pactos pendientes
Por su parte, la conclusión en Ferraz, como vienen remarcando desde el inicio de la legislatura para taponar la amenaza de mayorías alternativas, es que el PP está en brazos de la ultraderecha de Vox. Por otro lado, entienden que en Génova habrían llegado a la conclusión de que promover un clima generalizado de hastío por la corrupción desmoviliza más a la izquierda. Algo que reflejan las encuestas, incluido el CIS, y de ahí lo que denominan “circo”.
Desde el Gobierno, sin embargo, intentan dejar la pelota en el tejado de Génova para que tomen nota y vuelvan a posiciones de partido de Estado. Este mismo jueves, la dirigente socialista Enma López, que actúa como coportavoz oficiosa de Ferraz, reclamó a los populares priorizar un acuerdo en inmigración para aliviar la situación que vive Canarias por la llegada de menores migrantes a sus costas.
En el capítulo de búsqueda de consensos aludió también a la vivienda, uno de los temas en los que tampoco hubo acuerdo en la última Conferencia de Presidentes celebrada en Santander. Con la percha de que Felipe VI incluyese esta problemática en su discurso, la dirigente socialista aprovechó para reprochar a la oposición que no recoja el guante para “blindar la vivienda protegida” prohibiendo su venta a fondos de inversión y asumir que “no es un negocio, sino un derecho”.
Los presidentes autonómicos del PP, precisamente, se quejaron de que el presidente del Gobierno no les envió documentación previa para su estudio antes de la reunión, tildando de “paripé” el encuentro, y dando por hecho que en realidad Sánchez “no buscaba ningún acuerdo”. Para los conservadores, las medidas puestas en marcha por el Ministerio -como la declaración de zonas tensionadas– “solo ha empeorado la situación”.
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Además de la falta de acuerdo para la distribución territorial de los menores migrantes llegados a Canarias, está pendiente el pacto de Estado contra la violencia de género. El Ejecutivo quería tenerlo listo para antes de final de año, pero no ha sido posible. El pacto de Estado por el clima, al que apenas se ha vuelto a aludir, buscaría redimensionar, repensar y también replantear” el planeamiento de las ciudades ante episodios cada vez más violentos como el de la gota fría que azotó principalmente la provincia de Valencia. Un plan de relanzamiento que “requiere del máximo consenso” tanto en la redefinición de las urbes, como en la apuesta por las energías limpias y en la descarbonización. El PP ha insistido mucho en que el Ejecutivo contará con su apoyo para todas las medidas relacionadas con la DANA, tal y como se está viendo en el Congreso, donde los diputados conservadores han ido convalidando los reales decretos ley sin haber negociado.