La acusación popular que ejerce el PSOE en la causa abierta en la Audiencia Nacional por la trama de fraude en compra-venta de hidrocarburos liderada por Víctor de Aldama –también imputado como comisionista de la trama Koldo– ha pedido al juez Santiago Pedraz que vuelva a citarle para acordar su entrada en prisión “comunicada y sin fianza”.
Según esta parte, “las razones que se tuvieron en cuenta el pasado 21 de noviembre para decretar la libertad provisional de Aldama se han visto desautorizadas“. Agrega que es necesario evitar la “destrucción” de pruebas y que la colaboración que ofreció a la justicia es “una falacia”.
Aldama ya pasó unas semanas en prisión el pasado mes de octubre, tras ser detenido en la operación policial contra la trama de fraude de IVA. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 valoró la gravedad del delito, la pena que en su caso pudiera imponerse “ y sobre todo la importancia del abundante material que fue incautado en las entradas y registros y que estaba pendiente de analizar.
No obstante, el fiscal Anticorrupción Luis Pastor pidió su excarcelación después de que el empresario acudiera a declarar voluntariamente ante otro juez, Ismael Moreno, instructor del caso Koldo. En ese momento la causa de hidrocarburos se encontraba bajo secreto y las acusaciones populares, aunque ya personadas, no podían actuar, por lo que al no haber más partes que instaran la permanencia en prisión de Aldama Pedraz se vio obligado a dejarle en libertad.
“Las razones que auspiciaron esta puesta en libertad en el presente procedimiento por una declaración del investigado prestada en otra causa se han visto defraudadas. La supuesta colaboración con la justicia que ofreció Víctor de Aldama era una falacia. Sus imputaciones dirigidas a terceras personas no han sido corroboradas con pruebas”, argumenta el PSOE en su escrito, al que ha tenido acceso este diario. Añaden que, en su declaración en el caso Koldo –tanto en la Audiencia Nacional como después en el Tribunal Supremo– Aldama “en realidad se limitó a desplegar un relato denigrante contra responsables del Partido Socialista” que no solo se ha visto huérfano de cualquier prueba, sino que está estorbando al resultado de la presente instrucción.
De hecho, apuntan a un fragmento del auto dictado el pasado 7 de enero por el magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Supremo –dado el aforamiento del diputado Ábalos– , el que se dice expresamente que las imputaciones realizadas por el señor Aldama contra el ministro Ángel Víctor Torres y el secretario general del PSOE, Santos Cerdán, –les atribuye el cobro de comisiones en efectivo– “descansan en este momento únicamente en afirmaciones, no mínimamente contrastadas, inhábiles para reputarse indicios sólidos”.
Intento de ocultar un sobre
El partido que lidera el actual presidente del Gobierno sostiene además que uno de los últimos informes aportados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela “el peligro fundado y concreto de esta ocultación”. En el mismo, apuntan, se recogen “las maniobras del investigado, una vez puesto en libertad, para traficar con documentación del caso”. La Guardia Civil ya apuntó que Aldama dejó en custodia de Luis Alberto Escolano, su hombre de confianza, “documentación sensible” relativa a la empresa pública venezolana PDVSA.
Como ya informó este diario, la existencia de ese sobre es esgrimida por el propio comisionista para amenazar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. De hecho, Escolano es identificado en el teléfono de Aldama como “Alberto hermanito“.
Dicha confianza mutua explica que le diera a guardar un sobre que Aldama habría recibido el 4 de febrero de 2020 en el que se lee “República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular de Petróleo, Petróleos de Venezuela SA. Confidencial“. El remitente es el ministro Manuel Quevedo y la destinataria la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que había estado en el aeropuerto de Madrid-Barajas unos días antes, el 20 de enero, y se reunió con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
El PSOE incide además en que “consta en la causa la existencia de varios hechos que presentan caracteres de delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y organización criminal”, además de “motivos bastante para creer responsable criminalmente de estos delitos a Víctor de Aldama”. Afirma que, por todo ello, “a día de hoy puede concluirse sin margen de error que la libertad concedida está poniendo en serio riesgo el esclarecimiento de los hechos y el éxito de la investigación en este procedimiento”.
Localizar dinero defraudado
A juicio de esta acusación popular, todo apunta a que la puesta en libertad del señor Aldama “amenaza con quebrar el esclarecimiento de los hechos”. Y ello porque por más que en su petición de libertad su defensa letrada hablara de su “plena disposición a seguir cooperando con la Administración de Justicia”, no consta que el señor Aldama haya reconocido su participación en este fraude de más de doscientos millones de euros, ni esté dispuesto a confesar la localización del dinero defraudado. Por el contrario, en sus comparecencias públicas tildó esta causa de montaje.
Además, las actuaciones policiales practicadas muestran que el comisionista no solo ha aprovechado su libertad para mantener “la necesaria comunicación permanente con su representación letrada” -motivo que adujo para conseguirla-, sino también para mantener un contacto permanente con otros miembros de la trama con vistas a ocultar las fuentes de prueba que le incriminan en este fraude.