Tras el acuerdo sobre el traspaso de Rodalies de hace una semana en el zurrón, el Govern afronta a partir de este lunes las otras tres comisiones bilaterales con el Estado con otras concesiones de calado en cartera que el president Salvador Illa espera poder lucir para estrechar los lazos con ERC y los Comuns y garantizar la estabilidad de su mandato. Sin ir más lejos, en la bilateral y la mixta de transferencias que se celebran hoy mismo, uno de los platos fuertes, según ha podido saber EL PERIÓDICO, será el impulso del consorcio que tendrá como finalidad gestionar la ejecución de las inversiones previstas para Catalunya en los presupuestos estatales. En materia de financiación singular aún habrá que esperar con el argumento, insisten en el Govern, de que están “dentro del calendario” de lo suscrito con los republicanos.
El consorcio para las inversiones es un órgano paritario entre el Estado y la Generalitat que fue acordado entre el PSC y ERC en el marco del pacto para la investidura de Illa y que nace del déficit de inversiones y la baja ejecución presupuestaria que se arrastra desde hace años -en el 2023 fue de un 45% en Catalunya frente al 165% de Madrid-. Según lo suscrito, este consorcio deberá estar dotado de un montante equivalente a la media de inversión pública sobre el PIB en el conjunto del Estado.
Seguridad, justicia y ayuntamientos
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, son los dos representantes de la Generalitat y la Moncloa encargados de embastar y presentar los acuerdos de la bilateral, que hacía dos años que no se reunía. El ministro se reunirá justo antes con el president Illa para solemnizar unos pactos que han sido también trabajados por parte del Govern con ERC, que ha puesto como condición que se salden deudas antes de llegar a nuevas ententes. La principal: lograr inyectar 4.000 millones de euros a los presupuestos prorrogados de 2023. De ello depende que el Govern de Illa tenga más o menos margen para dar cobertura económica a sus planes más allá de cumplir con lo pactado con los socios.
Además del consorcio para las inversiones, se prevén avances en materias como seguridad –para septiembre está proyectado que los Mossos asuman la seguridad en puertos y aeropuertos– y justicia -Catalunya está a la cola en el número de jueces por habitante-. También un acuerdo que definen como “relevante” para el funcionamiento de los ayuntamientos, que padecen de falta de secretarios e interventores.
Desbloqueo de transferencias
Dalmau y Torres también protagonizarán la comisión de transferencias, que se reunió por última vez hace 15 años, aunque en este caso el foco está puesto en desbloquear traspasos que ya estaban aprobados con anterioridad pero que no se han llegado a hacer efectivos. Uno de clásico es los pagos por la gestión de las becas y ayudas al estudio, una reclamación que se arrastra desde hace tres décadas y que no se ha completado, o el cambio de titularidad de las autovías B-23 y B-30, entre otras. Fuentes de Presidència aseguran que los acuerdos estarán “delimitados” para garantizar su cumplimiento.
El Presidente del Gobierno, Salvador Illa, Acompañado por Los Los Consellers. / QUIQUE GARCÍA (EFE)
El Govern considera que en ambas comisiones se abordarán cuestiones “de país”, motivo por el que el conseller Dalmau ha decidido compartir los pormenores de los acuerdos con los grupos parlamentarios y con los principales agentes económicos y sociales antes de reunirse con el ministerio. Así pues, a primera hora de la mañana, los representantes de todas las formaciones están citados en el Palau de la Generalitat, y justo después, UGT, CCOO, Pimec, Foment, la Federació de Municipis de Catalunya y la Associació Catalana de Municipis.
Todo atado con ERC a la espera de la financiación
Sin embargo, en Palau reconocen que con quien se están atando todos los cabos de las bilaterales, además de con el Gobierno, es con ERC, a quien ya cedió protagonismo el lunes pasado con los anuncios relacionados con Rodalies. El líder de los republicanos, Oriol Junqueras, también trata de capitalizar los logros y el pasado miércoles, en una entrevista en EL PERIÓDICO, ya advirtió de que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de pasado mañana espera que se condone el 20% de la deuda del FLA que tiene Catalunya.
Sin embargo, el gran nudo gordiano y la carpeta en base a la que ERC irá prestando su apoyo a Illa en el Parlament es la de la financiación singular. El acuerdo de investidura recoge que la apuesta por ese modelo debe quedar formalizada entre los dos gobiernos durante el primer semestre de 2025 vía comisión bilateral Estado-Generalitat, por lo que fuentes del Govern aseguran que están “dentro del calendario previsto” y que, por lo tanto, hay margen hasta julio.
“El acuerdo está ya negociado con el ejecutivo de Sánchez, solo hay que implementarlo”, insisten, además de reiterar que todo estará listo en 2026 para que la Agència Tributària de Catalunya recaude el IRPF. Cualquier apunte sobre esta materia lo dejan en manos de la comisión de Asuntos Económicos y Fiscales, que se reúne el viernes. Este encuentro pondrá el broche al esprint de Illa para engrosar el historial de cumplimientos con sus socios con la vista puesta en el decreto de modificación de crédito de 4.000 millones de euros, que prevé aprobar una vez ERC culmine su congreso el fin de semana del 15 y 16 de marzo.
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