El PSOE y Junts han desvelado este martes a primera hora de la mañana el contenido de su complejo pacto para el traspaso de las competencias sobre inmigración a Catalunya. El acuerdo, que da estabilidad a la legislatura española y ha tardado más de un año en sellarse , incluye entre otras medidas la presencia de Mossos d’Esquadra en las fronteras, siempre en “coordinación” con la Policía Nacional y la Guardia Civil, el aumento de la plantilla de la policía autonómica y la competencia de la Generalitat, ahora presidida por el socialista Salvador Illa, en los procedimientos sancionadores, así como la gestión integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
A continuación, los aspectos más importantes de un entendimiento al que todavía faltan meses para que entre en vigor. La iniciativa, que ha sido registrada en el Congreso como proposición de ley orgánica conjunta de socialistas y posconvergentes, no puede tramitarse por la vía de urgencia. Catalunya, según lo pactado, tendrá la capacidad de “desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración, las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del Estado español”.
El rol de los Mossos d’Esquadra en el control de las fronteras catalanas ha sido el principal escollo de la negociación. El partido de Carles Puigdemont quería que pasara a ser una competencia exclusiva de la policía autonómica. El Gobierno rechazaba este enfoque por ser contrario a la Constitución y la doctrina de UE. Finalmente se ha alcanzado una solución intermedia. “Catalunya gestionará las devoluciones de extranjeros cuando tengan prohibición de entrada. Para ello, los Mossos de Esquadra estarán en frontera, y actuarán, al objeto de cumplir las competencias de esta Ley, siempre en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, señala el acuerdo, que para este objetivo prevé incrementar la plantilla de Mossos en 1.800 efectivos, hasta alcanzar una cifra de 26.800 agentes.
La policía autonómica gestionará “la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas en cooperación” con la Guardia Civil y la Policía Nacional. También recaerá sobre los Mossos “la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos”.
Según el texto pactado entre las formaciones de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, Catalunya se configurará como una “ventanilla única en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración”. La Generalitat también “expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español”, en una nueva muestra de vía intermedia entre las reclamaciones de los posconvergentes y las reservas de los socialistas.
En cuanto a la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos, incluidos los de resolución y ejecución, esta recaerá sobre la Administración catalana, que al mismo tiempo “instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente”, como ocurre con las devoluciones. “Las expulsiones que requieran expediente se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Catalunya”, señala el acuerdo, que también deja claro que la autonomía “gestionará integralmente los Centros de Internamiento de Extranjeros”.
Catalunya, junto a las empresas y sindicatos en su territorio, “determinará los perfiles y el contingente de trabajadores extranjeros” en las contrataciones en origen, explica el pacto, que en materia lingüística se limita a remitirse a “las previsiones de la legislación vigentes al ejercicio de las competencias delegadas”. El texto, por último, señala que “el Estado español transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Catalunya ejerza la competencia que se le delega”.
La cesión de las competencias de inmigración a la Generalitat supone el acuerdo de mayor profundidad al que han llegado en solitario el PSOE y Junts, ya que en la negociación de la ley de amnistía del ‘procés’ independentista también intervino ERC. Los posconvergentes insisten en que todavía quedan dos carpetas por resolver en su relación con los socialistas: la oficialidad del catalán en la UE y una reunión entre Sánchez y Puigdemont. Pero el pacto divulgado este martes implica la estabilización de las relaciones entre la Moncloa y la formación independentista, cuyos siete diputados en el Congreso son indispensables para que el Ejecutivo central apruebe sus iniciativas. Ahora la coalición del PSOE y Sumar pasará a negociar con todos sus aliados parlamentarios la nueva senda de déficit y los Presupuestos Generales del Estado para este año. No está claro que el Gobierno vaya a sacarlos adelante. Los colaboradores de Sánchez se han puesto como fecha límite antes del verano. Si consigue aprobar las cuentas públicas, Sánchez habrá blindado la legislatura, despejando las presiones de adelanto electoral.
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