ERC defenderá en el pleno del Parlament de esta semana una moción en la que reclamará que se multe a los municipios que no cumplan con la obligación de empadronar a todos los ciudadanos que vivan allí y lo soliciten, independientemente de su situación administrativa. Los republicanos esgrimen que, “ante el auge de la extrema derecha y de los discursos antiderechos”, hay que sancionar a los ayuntamientos que estén “negando este derecho a sus vecinos”.
En concreto, el partido de Oriol Junqueras propone que se modifique la ley estatal 7/1985 que regula las bases de régimen local y que recoge el derecho de todos los vecinos empadronarse sea cual sea su situación legal y el estado de su vivienda. Según ERC, esta norma también debería incluir a partir de ahora sanciones específicas a todos los consistorios que se nieguen a incluir en el padrón a los migrantes en situación irregular. Los republicanos recuerdan que el derecho al padrón es clave para poder acceder a servicios públicos como el de la asistencia sanitaria.
En Catalunya se ha suscitado este conflicto en el padrón en al menos dos municipios, Ripoll y Martorell. En el primero, la alcaldesa ultra Sílvia Orriols (Aliança Catalana) se jactó de incumplir la ley estatal: “No empadronaré a nadie que viva en un lugar insalubre“. Lo manifestó después de que EL PERIÓDICO desvelara que su ayuntamiento estaba restringiendo el padrón a inmigrantes. El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, le reprendió por su actitud y le hizo llegar un requerimiento.
En Martorell ocurrió algo similar. Su alcalde, Xavier Fonollosa (Junts), manifestó que solo empadronaría a aquellas personas que acrediten tener su domicilio mediante un contrato de alquiler, una escritura de propiedad o la autorización del propietario del inmueble, algo que muchos inmigrantes no pueden acreditar. Esto choca con la legislación estatal que establece que “las infraviviendas” como por ejemplo “chabolas, caravanas y cuevas” e “incluso la ausencia total de techo” tiene que “figurar como domicilios válidos en el padrón”.
La moción de ERC, si llega a aprobarse, supondrá que el Parlament adopte un posicionamiento firme en defensa del derecho al empadronamiento, pero este tipo de mociones solo tienen fuerza declarativa y no son de obligado cumplimiento. Para conseguir esta modificación legal debería llevarse una iniciativa específica en el Congreso de los Diputados. Esto algo que podría hacer el Gobierno, los grupos de la Cámara Baja o el propio Parlament a través de una propuesta legislativa, no de una moción.
Competencias sobre inmigración
La moción presentada contiene otras muchas propuestas, como por ejemplo reclamar al Estado que delegue a la Generalitat la gestión del programa estatal de refugio y los recursos correspondientes de los fondos europeos. También la restitución de la transferencia de los fondos de acogida en los centros educativos y en los municipios que se dejaron de transferirse el 2012 con los recortes impulsados por el Gobierno de Mariano Rajoy.
El Líder de Erc en el Parlamento, Josep Maria Jové. / Bernat Vilaró / ACN
Esta iniciativa de los republicanos, que recoge un planteamiento general sobre cómo aplicar las políticas migratorias de acogida, no es casualidad. Se produce después del pacto entre el PSOE y Junts para que el Estado delegue las competencias en inmigración a la Generalitat, un acuerdo que tiene que pasar por el Congreso y que por ahora no tiene los votos asegurados. ERC, al menos públicamente, se ha felicitado por el pacto alcanzado entre el PSOE y Junts, pero ha reclamado que estas políticas no solo se afronten desde la vertiente de la seguridad, sino también de la acogida.