PSC, Junts, PPC, Vox y Aliança Catalana han exhibido este jueves unidad en el Parlament a la hora de pedir al Govern una respuesta “firme” frente al fenómeno de la “okupación ilegal”. Esta solución debe pasar por desplegar un “plan contundente” contra este tipo de delitos e impulsar las reformas legales necesarias para que se puedan llevar a cabo desalojos exprés, es decir, en 24 horas. La iniciativa se ha materializado en una moción presentada por los populares, que ha contado con el respaldo de la mayoría de grupos parlamentarios. En cambio, ERC, Comuns y la CUP se han desmarcado, votando en contra de la mayoría de los puntos al considerar que las medidas propuestas no abordan el problema desde una perspectiva estructural.
El texto pide al Gobierno que “apoye” las proposiciones de ley en trámite en el Congreso de Reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que garantizan que se pueda desalojar okupas en un día. Actualmente, hay dos iniciativas registradas sobre esta cuestión en la Cámara Baja: una de Junts y una del PP. La segunda lleva más de un año pendiente de tramitarse en el pleno del Congreso, después de haber sido aprobada en el Senado -donde hay mayoría del PP-. Esta “maniobra” responde, a ojos de los populares, a una voluntad explícita de la presidenta de la Mesa, Francina Armengol, de “retener” su tramitación. El PSC ha dado hoy su “sí” desde el Parlament para que el Ejecutivo la apoye en el Congreso.
“Para avanzar en el desalojo en 24 horas es necesario hacerlo mediante las iniciativas que hay en el Congreso, necesitamos que se aprueben para tener un sistema legal que proteja la propiedad”, ha declarado el diputado del PPC, Pere Lluis Huguet, tras agradecer a los parlamentarios Antonio Poyato (PSC) y M. Ángels Planas (JxCat) su “predisposición” a la hora de transaccionar la moción en favor de los “intereses de los ciudadanos”.
El texto aprobado también pide más protección para los propietarios y las comunidades de vecinos que “sufren” este tipo de delitos. Según datos que ofreció la consellera de Interior, Núria Parlon, en un pleno de marzo, este tipo de okupaciones -en viviendas habitadas- se da en 4 de cada 10 usurpaciones. En el 60% de los casos se okupan inmuebles “que no están en uso o están en construcción”, apuntó la titular del departament.
La “simplificación” del problema
En su intervención, el diputado socialista Poyato ha querido dejar claro que, pese a apoyar la moción, su partido no comparte la “simplificación” del texto, que considera que “solo se centra en la represión y no en las causas estructurales”. “No hay okupaciones buenas o malas, todas son malas, pero hay dos realidades que deben abordarse de forma distinta: la okupación delincuencial y la de las personas vulnerables“. En la primera, ha apuntado, debe aplicarse el Código Penal, mientras que en la segunda la respuesta debe ser social. “Esas personas no son delincuentes, son víctimas de las políticas de falta de vivienda”, ha añadido.
La diputada posconvergente, Planas, ha aprovechado el altavoz para reafirmar el compromiso de su formación en la lucha contra este tipo de delitos, pero también para cargar contra el PSC. “Con su pasividad y buenísimo, la izquierda ha permitido las okupaciones y que pequeños propietarios indefensos vivan procesos inacabables para poder recuperar sus inmuebles, perdiendo tiempo y dinero”, ha espetado.
Colaboración con las policías locales
La moción ha logrado unir a la derecha con el PSC, aunque este último partido ha insistido en el “trabajo” realizado mediante transacciones para no simplificar un “fenómeno tan complejo” como la okupación. Ejemplo de ello es un punto que pide al Executiu poner en marcha y consolidar un “servicio específico” para “unificar y coordinar” las acciones de la Generalitat y los entes locales para hacer frente a este tipo de okupaciones y que ofrezca “ayuda y asesoramiento” a los propietarios afectados. Este servicio inicialmente se había apodado como “oficina antiokupa“, pero el PSC, mediante transacción, ha logrado redefinirlo.
Parlon ya ha manifestado alguna vez la necesidad de trabajar conjuntamente con los policías locales para combatir este tipo de delincuencia, una directriz que traslada a los municipios en las juntas de seguridad que está celebrando estos meses y una labor que el diputado socialista también ha puesto en valor desde el atril, reivindicando la necesidad de caminar de la mano del mundo local.
Protección social a los desahuciados
Como parte de esta colaboración, el texto también hace mención a la necesidad de “reforzar la protección social” que presta tanto la Generalitat como los ayuntamientos a las familia vulnerables que por “problemas económicos y sociales” acaban practicando este tipo de okupaciones. Un punto de la moción aprobado con el apoyo de todos los partidos -salvo la extrema derecha que se ha abstenido y la CUP que ha votado en contra- que pide que se les ofrezca alternativas habitacionales dentro del parque público, instando al Govern a dar a los consistorios los recursos necesarios para poder realojar a estos colectivos o ayudas para pagar el alquiler a las personas deshauciadas.
Catalunya es la comunidad autónoma que lidera en el ránking de okupaciones al sumar el 40% de los 10.345 casos contabilizados en el conjunto de España hasta agosto de 2023. Aun así, si se comparan con el resto de delitos, las okupaciones en Catalunya representan el 0,80% del total de infracciones, que son unos 4.000 delitos de okupación frente a los 510.052 que se registraron en total en esta comunidad en 2024.