El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado citar como testigo en la causa en la que investiga al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos al abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que envió un correo electrónico a la fiscalía en el que proponía un pacto para evitar el juicio que pasaba porque el empresario Alberto González Amador asumía la comisión de dos delitos fiscales. Su citación se producirá el próximo día 27.
Tres días después, el día 30, será el turno de los cuatro periodistas de ‘El País’ cuyo testimonio solicitó la Abogacía del Estado, en defensa de García Ortiz, antes de dar por concluida la instrucción, trámite que ya ha sido instado una de las acusaciones, la que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif).
En su auto, el instructor acuerda también que se incorporen a la causa las actas notariales de manifestaciones aportadas por los cuatro periodistas, en las que aseguran que ellos tuvieron a su disposición el correo electrónico que dio origen a las actuaciones un día antes de que estuviera en poder del fiscal general, lo que haría difícil que él hubiera sido el autor de la filtración. Para acreditarlo han levantado un acta notarial con sus conversaciones a través de la aplicación de whatsapp.
El magistrado recuerda que la declaración de los periodistas ya fue solicitada con anterioridad y se rechazó, decisión que confirmó la Sala de Apelación el pasado 9 de abril. Explica que “sucede, sin embargo, que, desde entonces, dichos testigos mediante actas levantadas ante notario de 9 y 13 de mayo de 2025 han realizado unas manifestaciones, que, en opinión de la defensa del investigado, son de la suficiente relevancia, como para que las ratifiquen y amplíen ante este instructor”.
Añade que no se puede privar a la defensa de lo que considere que “mejor satisfaga a sus intereses, en este caso mediante la toma de declaración que solicita, a la que se accederá, además de acordar la incorporación a las actuaciones de las referidas actas de manifestación”.
A lo que no accede el juez es a volver a tomar declaración a los peritos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que comparecieron la semana pasada, porque no se le pudo preguntar en relación con que la Cadena Ser informara de los correos antes de que en principio los tuviera el fiscal general. El magistrado considera que tendría “unos efectos dilatorios que deberían ser evitados”, pero rechaza la diligencia “por innecesaria”.