Alberto Núñez Feijóo, con la mirada puesta en la manifestación contra un Gobierno que califica de estar “rodeado de corrupción” y en el congreso del PP, donde aspira a ser reelegido como líder del partido, ha participado este domingo en el acto de celebración del ecuador de legislatura de Isabel Díaz Ayuso, acompañado también por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Las críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez han sido el punto en común en los discursos de los populares. Feijóo, buscando despejar dudas sobre posibles cismas entre las facciones más afines al PP de Madrid y los que apoyan su liderazgo, ha asegurado que “quien tiene un problema con el PP de Madrid no es Génova [la sede del PP nacional]es la Moncloa “.
Además, el presidente del PP se ha comprometido a alcanzar la presidencia del Gobierno con el respaldo de los populares madrileños y con el objetivo de “revertir” las políticas del actual Ejecutivo. “No llegaremos para ocupar, sino para servir; no vamos a sustituir, sino a transformar; y lo haremos con valor y con valores”, ha sentenciado.
Las nueve medidas
La primera de las nueve medidas que plantean los populares es la recuperación del delito de sedición, por el que fueron condenados los líderes independentistas en el juicio por el 1-O y que fue derogado en noviembre de 2022 por el Gobierno de coalición y sustituido por el delito de desórdenes públicos agravados.
En el ámbito judicial, el PP propone que el fiscal general del Estado deba contar con un informe favorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en alusión a Álvaro García Ortiz, actual fiscal general, investigado por la presunta filtración de información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. También apuestan por despolitizar el Tribunal Constitucional e incrementar las penas por malversación.
Asimismo, los populares abogan por prohibir que personas condenadas por terrorismo puedan formar parte de listas electorales, una iniciativa similar a la que ya impulsaron en el Congreso para modificar el artículo 6 de la Ley Electoral y declarar inelegibles a condenados por terrorismo que no hayan pedido perdón.
Otras medidas incluyen la de “prohibir los indultos a los delitos de corrupción“, limitar el uso del decreto-ley, “acabar con los enchufes” y suprimir “los ministerios, altos cargos y asesores que sobran en el Gobierno”, según recoge el documento presentado por el partido.