El Gobierno prepara una ‘macrocampaña’ de publicidad para defender los beneficios de la inmigración para España y con el objetivo de combatir la desinformación y los estereotipos negativos contra las personas migrantes, en pleno auge de los discursos cada vez más duros de Vox y también del Partido Popular. Si los populares endurecieron su postura sobre la inmigración, incluyendo en la ponencia política del congreso nacional celebrado el pasado fin de semana trabas para la obtención de residencia o para la percepción de prestaciones, la formación ultra apelaba este lunes directamente a deportaciones masivas.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, comandado por Elma Saiz, ha abierto el proceso de contratación de una agencia especializada para el diseño y producción de una campaña publicitaria y de comunicación bajo el lema ‘Migración, Fuente de Riqueza’. El Gobierno pretende poner en valor la inmigración que recibe España como una oportunidad de desarrollo sostenible y prosperidad, con impactos positivos económicos y sociales. “La inmigración es necesaria para la prosperidad de nuestra economía y la sostenibilidad del Estado de bienestar. El progreso económico atrae migración y la migración contribuye al progreso”, sostiene el Ejecutivo, en un momento en que los discursos políticos desde la se van endureciendo al máximo desde la ultraderecha.
Desde Vox salieron a matizar su plan para negar que quieran deportar a un total de ocho millones de inmigrantes, incluidos sus hijos, como había deslizado la portavoz de Vox, Rocío de Meer. Más allá de cifras, sí concretaron a través de un comunicado su apuesta por expulsar “a todos los que hayan venido a delinquir o vivir del esfuerzo de los demás; pretendan imponer una religión extraña; maltraten o menosprecien a las mujeres y a todos los menores inmigrantes no acompañados. El PP marcó distancias a través de su nueva portavoz, Esther Muñoz, argumentando que “no estamos a favor de las deportaciones masivas ni de las regularizaciones masivas y avisando de que estos extremos están legalmente prohibidos.
Sánchez entró en la polémica a través de las redes sociales, algo poco habitual, para cargar contra la polémica propuesta de los de Santiago Abascal y defender su política migratoria. Sin mencionar directamente a Vox, lanzó el mensaje de que “España fue durante décadas una tierra de partida, de esfuerzo fuera de nuestras fronteras. Hoy es tierra de acogida, y quienes llegan contribuyen con su esfuerzo a construir una mejor España”. Una réplica en X, antes Twitter, tras la que pidió que “no olvidemos de dónde venimos para entender quiénes somos”.
Marcada posición por Sánchez, tanto la portavoz Pilar Alegría como el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aprovecharon su rueda de prensa desde el Consejo de Ministros para tranquilizar a los extranjeros que pudieran sentirse amenazados -”no va a pasar”- y aludir al PP por su pactos con Vox a nivel municipal y autonómico. “Está dispuesto a blanquear este delirio xenófobo con tal de gobernar“, arremetió Alegría. Mientras el PP trata de ampliar su masa electoral por el centro al rechazar un gobierno de coalición de Vox, lanzando así también un guiño a socios de Sánchez que tienen como línea roja a la formación ultra, el Gobierno se esfuerza por “quitar la careta”. Insisten en que la alternativa a la coalición progresista pasa por el PP de la mano Vox, recurriendo a este pegamento con sus socios en un momento en el que se están distanciando ante la incertidumbre sobre el alcance de la presunta trama de corrupción en sus filas y el avance de las investigaciones judiciales.
El titular de Interior, por su parte, descalificó las posiciones de Vox como “xenófobas y alejadas de los Derechos Humanos y de la convivencia pacífica en la diversidad” para alertar de que están “subiendo el tono y llegando a niveles irrespirables para cualquier demócrata”. Sobre el argumentario trumpista que une a los inmigrantes con la inseguridad ciudadana, aseguró que según las cifras sobre los autores de delitos en España, “más del 80% son de nacionalidad española”. En línea con el argumentario desplegado por el Ejecutivo, añadió que “estamos creciendo gracias en parte la aportación de los inmigrantes, y esto pasará a ser una realidad de futuro para el conjunto de Europa”.
“Frente a la desinformación, datos y realidades”
El Ministerio de Inclusión pretende que la ‘macrocampaña’ que prepara sirva para informar a la ciudadanía de “la importancia estructural de la inmigración para el futuro de España”, para “combatir estereotipos y desinformación sobre las personas migrantes” en pleno auge de los discursos del odio, para “visibilizar los beneficios sociales y económicos de una integración efectiva y mutua” y para “reforzar los valores de igualdad, inclusión, ciudadanía e interculturalidad”. Además, se pretende ensalzar el futuro Plan de Integración y Convivencia Intercultural que prepara el Ministerio como una iniciativa “moderna, consensuada y práctica”.
Los mensajes clave que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende que se incluya en la campaña son que la “migración es una gran fuente de riqueza, y no sólo económica”; que la inmigración es “esencial para la sostenibilidad del Estado del bienestar”; que “debemos tener memoria”, porque España ha sido históricamente un país de emigrantes; que las personas que migran lo hacen en busca de proyectos de vida y hoy España es un “país de oportunidades”, y por eso atrae flujos migratorios; y que las segundas generaciones son “también ciudadanía plena y activa”.
“Frente a la desinformación, datos y realidades: la migración suma”, sentencia el Gobierno en la documentación oficial de la licitación. En este sentido, el Ejecutivo subraya en la documentación oficial de preparación de la campaña que España “afronta un reto demográfico y un reto de mercado laboral por el envejecimiento de la población”, porque la natalidad y fecundidad actuales no garantizan el reemplazo de población.
“Sin movimientos migratorios, sin la inmigración, España perdería población año a año. Dentro de 10 años, se estima que más de 4 millones de personas trabajadoras alcanzarán la edad de jubilación. No hay ningún escenario en el que la población residente actual aporte la población activa imprescindible para compensar esas jubilaciones y, por tanto, en los próximos años necesitaremos seguir incorporando cientos de miles de trabajadores migrantes”. Según los datos oficiales, el año pasado había 7 millones de personas extranjeras residiendo en España, con 3,1 millones en régimen de extranjería (con nacionalidades de países de fuera de la Unión Europea) y otros 3,7 millones con régimen comunitario.
El Ministerio de Elma Saiz prevé tener cerrada la licitación antes del próximo 1 de septiembre, con el objetivo de lanzar la campaña en “grandes medios” de televisión, internet, radio, prensa y exterior, en principio, a lo largo de 2026. La licitación cuenta con una dotación presupuestaria de casi 490.000 euros (incluido el IVA). La campaña pretende dirigirse al público general, pero con “especial foco en el público juvenil, estudiantes, trabajadores y empresarios, fundamentalmente en entornos urbanos”.
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