La corrupción vinculada a la contratación pública, sobre todo la relacionada con la obra civil, es un mal estructural y sistémico que está presente en todos los niveles de la administración, los partidos políticos y las empresas adjudicatarias. La recurrencia e intensidad de las malas prácticas no son uniformes, ni se dan en todas partes por igual, por lo que cabe diferenciar siempre que sea posible. Pero resulta infantil creer que existen esferas complemente vírgenes o limpias, como le gusta decir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Justamente es responsabilidad del Ejecutivo que está al frente del país combatir este mal endémico, sobre todo cuando los casos más graves conocidos en el ultimo mes afectan a miembros tan destacados de su propio partido, como Santos Cerdán y José Luis Ábalos.
En esta línea, las medidas anunciadas por Sánchez ayer en el Congreso, aunque aciertan en la intención, se quedan muy cortas en su ambición, están faltas de un mayor consenso político y precisan un calendario de ejecución demasiado largo, que retrasará y diluirá su eficacia en lo que quede de legislatura.
Por todo ello, el plan solo es un parche cosmético que difícilmente servirá para algo más que para ganar tiempo. Es naíf pensar que una agencia de integridad pública independiente podrá prevenir los riesgos y coordinar la lucha contra la corrupción; es naíf confiar la identificación de patrones de fraude solo a las herramientas de la inteligencia artificial; es naíf creer que únicamente con un sistema de listas negras se impedirá a las empresas condenadas por corrupción seguir contratando con la administración; es naíf dar por sentado que será fácil recuperar el daño patrimonial causado por las malas prácticas; y es naíf esperar que el seguimiento previsto al plan le dará más credibilidad ante la opinión pública.
Qué distinta habría sido la lucha contra la corrupción si de verdad hubiera sido objeto de un pacto de Estado entre los dos partidos que gobiernan en España desde 1982 y no solo entre el actual inquilino de la Moncloa y la OCDE
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