La legislatura actual corre el riesgo de ser la única en la etapa democrática, con excepción de los dos recientes casos de repetición electoral, en la que no se apruebe ningún proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno ya asume que lo más probable es que acabe siendo así, ante las exigencias de los socios que componen la inestable mayoría que propició hace casi dos años la investidura de Pedro Sánchez. Pero asegura que “no es tan importante” y no le “preocupa”.
La semana pasada, durante su rueda de prensa antes de marcharse de vacaciones a Lanzarote, el jefe del Ejecutivo anunció que presentaría las cuentas públicas para 2026. Lo mismo dijo hace un año, y también hace dos, y en ambos casos su deseo quedó en nada. La situación no ha cambiado desde entonces. Al contrario. Fuentes de la Moncloa consideran que ahora es incluso más difícil sacar adelante los Presupuestos, dentro de una coyuntura que rezuma aires de fin de ciclo tras el escándalo de corrupción de Santos Cerdán, el exsecretario de Organización socialista que se encuentra en la cárcel, acusado de cobrar mordidas a cambio de obras públicas.
“Nunca se sabe, pero ahora mismo vemos muy difícil que se puedan aprobar las cuentas del año que viene”, explica un miembro del Gobierno. Los socialistas aseguran que quieren intentarlo, pero ante sus escasas posibilidades ya ponen todo tipo de paños preventivos sobre la futura herida.
Tras el anuncio de Sánchez, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, principal responsable del proyecto presupuestario, ya dejó claro que este solo se sometería a votación en el que caso de que tuviera garantías de prosperar en el Congreso. “No se puede dar el pistoletazo de salida si no es con la seguridad de que uno tiene capacidad de poder aprobarlos”, dijo Montero, llamada a dejar el Gobierno en los próximos meses para presentarse a las elecciones andaluzas, que serán el próximo verano como muy tarde.
El impacto económico y político
En cualquier caso, para el Gobierno la importancia económica de unas nuevas cuentas que acaben con las prórrogas de las de 2023 es escasa. Por un lado, porque existen los fondos europeos de recuperación, cuyo quinto desembolso, de 24.000 millones de euros, acaba de aprobarse. Y por otro, porque las cifras macroeconómicas, que Sánchez resalta en cuanto tiene oportunidad, desmienten la necesidad de unos nuevos Presupuestos. España, insistió el presidente la semana pasada, lidera el crecimiento en Europa y bate récords de empleo.
La importancia es sobre todo política. Las cuentas de 2026 permitirían al Gobierno lanzar el mensaje de fortaleza que tanto necesita. Aun así, Sánchez ha vuelto a sobrevivir tras el escándalo de corrupción que afecta a Cerdán y a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y antecesor del navarro como secretario de Organización socialista, quebrando las esperanzas del PP de un anticipo electoral. Al menos, de momento, porque muchos dirigentes socialistas reconocen que la suerte de este convulso mandato depende de que haya o no nuevas revelaciones judiciales sobre esta trama en la antigua cúpula del partido.
María Jesús Montero, El Pasado 12 de Junio en El Congreso de los Diputados. / JOSÉ LUIS ROCA
“Seguimos. Con excepciones como el decreto antiapagones a finales de julio, sacamos adelante casi todas las votaciones en el Congreso, pese a las dificultades. No hay una mayoría alternativa, porque el PP solo puede entenderse con Vox. Así que con Presupuestos o sin ellos, esta legislatura llegará hasta 2027”, resumen en la Moncloa, donde ya se prepara una batería de medidas sociales en septiembre para intentar recuperar la iniciativa.
Pero también hay en el Gobierno y el PSOE numerosos cargos que consideran que las cuentas deben presentarse sí o sí, se ganen o se pierdan, porque solo el gesto ya supondría un mensaje de enorme relevancia política: serviría de esbozo del programa electoral, abocaría a los socios a retratarse entre seguir apoyando o alinearse con el PP y Vox y daría el pistoletazo de salida a la precampaña de las generales.
Condiciones “inasumibles”
No solo los socialistas, varios de ellos dentro del círculo más cercano a Sánchez, abonan esta tesis. También la defiende Podemos, cuyos cuatro diputados son, como el resto del bloque de investidura, imprescindibles para aprobar cualquier iniciativa en el Parlamento. Los morados consideran que si el presidente del Gobierno presenta los Presupuestos, siendo evidente que serán tumbados en la Cámara baja, significará que las elecciones están a la vuelta de la esquina.
El partido liderado por Ione Belarra, que asegura que esta legislatura ya no da más de sí, reclama para negociar los Presupuestos la bajada por ley de los alquileres en un 40%, romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y no gastar en defensa “ni un céntimo más de euro”. El Gobierno, que ya se ha comprometido a aumentar la inversión militar hasta el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) para cumplir con la OTAN, juzga “inasumibles” estas condiciones.
Junts tampoco lo pone sencillo. Los posconvergentes, que se quedaron sin interlocutor principal con el PSOE tras la dimisión de Cerdán, piden que antes de nada el Gobierno salde la deuda pendiente en inversiones en Catalunya, que cifran en 50.000 millones de euros, un cálculo que los socialistas no reconocen. La formación de Carles Puigdemont también exige tanto la oficialidad del catalán en la UE como la aplicación de la ley de amnistía al expresident de la Generalitat, dos medidas que no dependen del Ejecutivo.
Y ni siquiera aliados que se han mostrado en los últimos dos años mucho más estables, como ERC, dan señales de estar dispuestos a avalar unas nuevas cuentas públicas. Los republicanos condicionan la negociación presupuestaria a la recuperación del acuerdo para una financiación singular de Catalunya pactado con el PSC el año pasado, que hizo posible la llegada de Salvador Illa al Palau de la Generalitat, un texto mucho más ambicioso que el sellado este julio entre el Gobierno central y el Govern.
La única excepción dentro del bloque de investidura es el PNV. Los nacionalistas vascos esperan la llamada para sentarse a negociar, pero al mismo tiempo reconocen en privado que resulta “casi imposible” que los Presupuestos del año que viene salgan adelante.
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