La empresa Geoalcali, que promovió la apertura de la mina Muga, ubicada entre las comunidades autónomas navarra y aragonesa, ha rechazado que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) haya anulado el permiso para la explotación al detectar irregularidades en la tramitación. “La sentencia se refiere a un defecto formal de procedimiento, en el sentido de que —a juicio de la magistrada— el permiso de explotación debería haberse tramitado como una única autorización firmada por el Estado español, en lugar de tres permisos coordinados por cada administración autonómica junto con el Gobierno central como ha sido este caso”, indica una portavoz a esta redacción.
Sin embargo, para esta empresa la decisión del TSJ navarro sobre la Mina Muga, cuyo nombre señala la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe sobre Santos Cerdán, “constituye una interpretación de la norma, sin precedentes ni jurisprudencia similar en España“.
Resalta, además, que el proyecto “no está fragmentado, pues dispone de una única Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que abarca la totalidad de la explotación y en la que se han evaluado todos los aspectos que competen al órgano ambiental”.
Sentencia recurrida
Por eso, la sentencia está actualmente recurrida “por el Gobierno de España, el Gobierno de Navarra, el Gobierno de Aragón y la propia empresa, lo que confirma que se trata de un asunto abierto a debate jurídico. En consecuencia, no procede hablar de “irregularidades”, sino de un debate legal aún en curso.
En relación sobre las alusiones en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Geoalcali rechaza que esta firma tenga cualquier vinculación con presuntas “mordidas”. “Deseamos dejar constancia de que tal extremo es falso. El informe no contiene prueba alguna que incrimine a la empresa en prácticas ilegales“.
Sobre la apreciación incluida en el informe de la UCO, en el que los agentes aseguran que Geoalcali contrató los servicios de Acciona en UTE con otra pequeña mercantil de nombre Servinabar 2000, esta empresa aclara que “no adjudicó la construcción de la mina a la UTE Servinabar-Acciona”, sino que su relación con la firma navarra “se limitó a colaboraciones puntuales de asesoría, trabajos técnicos y análisis, habituales en un proyecto de esta magnitud. Ninguno de estos trabajos fue declarado ilegal ni en el informe ni en sede judicial”; concluye.
“Un email de cortesía”
En relación al correo electrónico de 2015 que incluye la UCO en su informe sobre Santos Cerdán, en el que un directivo de Geoalcali anunciaba su intención de que “Koldo García y Santos especialmente”, estuvieran “informados” sobre asuntos de la mina Muga, la portavoz de la empresa asegura que se trata de “un email de cortesía en el que se menciona la necesidad de mantener informados a determinados interlocutores institucionales. Este mensaje, sacado de contexto, no acredita conducta irregular alguna y se refiere a un momento en que dichas personas se encontraban en la oposición política”, dice.
En este sentido, Geoalcali defiende la legalidad de la tramitación de la concesión, pues la “Mina Muga ha estado sometida a 14 años de rigurosa tramitación administrativa, con la intervención sucesiva de distintos gobiernos. Este recorrido es inherente a cualquier proceso de gran envergadura y confirma que la valoración del proyecto debe realizarse en un plano estrictamente técnico”, dice.
“No es un asunto menor”
Finalmente, Geoalcali reivindica que la Mina Muga “no es un asunto menor ni local, porque están en juego una inversión total superior a 700 millones de euros, cuya ejecución permitiría generar aproximadamente 7.000 empleos directos e indirectos. La inversión internacional de más de 300 millones de dólares comprometida por China Minmetals ya se ha perdido, lo que es una noticia desafortunada para el proyecto, pero para el sector agrario también”, lamenta la portavoz de la mercantil.
Geoalcali considera que el proyecto, que es “una iniciativa 100% privada y no es objeto de contrataciones o licitaciones públicas”, representa “una aportación clave a la seguridad alimentaria y soberanía estratégica de España y de la Unión Europea, al tratarse de un recurso prioritario como la potasa. Actualmente, Europa depende en gran medida de Rusia y Bielorrusia, países cuya posición constituye una amenaza geopolítica evidente”.
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