El parlamento español aprobó el prometido proyecto de ley de amnistía el año pasado, pero desde entonces los tribunales han detenido su plena aplicación. El Tribunal Supremo de España ha impedido específicamente que Puigdemont, que huyó de España tras el fallido referéndum de independencia catalán de 2017 y desde entonces vive exiliado en Waterloo, Bélgica, se beneficie de la ley, citando cargos pendientes de malversación de fondos.
La falta de cambio en su status quo es una fuente de profunda frustración para el líder separatista, quien en una entrevista de 2024 con POLITICO dijo que su mayor deseo era “volver a casa en Girona, disfrutar de mi tierra natal y estar con mi esposa y mis hijas… llevar una vida normal que me permita volver a ser anónimo”.
Puigdemont también citó la incapacidad de los socialistas para lograr que el catalán fuera reconocido como lengua oficial de la UE como razón de la ruptura de relaciones. Los diplomáticos españoles han pasado los últimos dos años presionando a sus homólogos en Bruselas y capitales nacionales y recientemente persuadieron a Alemania para que respaldara la propuesta. Pero numerosos países siguen oponiéndose a la idea, argumentando que la medida le costaría a la UE millones de euros en nuevos honorarios de traducción e interpretación y alentaría a las minorías de habla bretona, corsa o rusa a buscar un reconocimiento similar.
El líder separatista añadió que la renuencia del gobierno de Sánchez a otorgar a Cataluña jurisdicción sobre la inmigración dentro de esa región demostraba que, aunque podría haber “confianza personal” entre los socialistas y los representantes de Junts, faltaba “confianza política”.
Los miembros de Junts están llamados ahora a ratificar o rechazar la decisión del comité ejecutivo en una consulta interna que concluye el jueves. Se espera que los partidarios del partido, entre los que se incluyen los seguidores más devotos de Puigdemont, respalden abrumadoramente la medida para romper con los socialistas.
En los últimos dos años, Junts no ha sido una fuente inquebrantable de apoyo al débil gobierno minoritario de Sánchez. El partido se ha negado a respaldar proyectos de ley clave y ha subrayado que no forma parte de la coalición “progresista” compuesta por los socialistas y el partido de izquierda Sumar, sino más bien un socio pragmático que se centra únicamente en los intereses de Cataluña.
En una reunión de la dirección del Partido Socialista en Madrid el lunes, Sánchez insistió en que el partido debería “permanecer abierto al diálogo y dispuesto a colaborar” con Junts.
Tras el discurso de Puigdemont, la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, expresó dudas de que “el electorado de Junts votó a favor de dejar gobernar a Vox o al Partido Popular” y dijo que los separatistas catalanes necesitaban “elegir si quieren que España represente progreso o regresión”.