Diez acusados se sientan, a partir del próximo lunes, día 6 de mayo, en el banquillo de una de las operaciones ilegales de la cúpula de la Policía Nacional dirigida, durante el gobierno de Rajoy, contra uno de sus adversarios internos – Luis Bárcenas, tesorero nacional del Partido Popular, que acumuló una fortuna de hasta 42,8 millones de euros en Suiza, junto con papeles comprometedores para la dirección.
Eran una vez los acusados, pero uno de los personajes centrales de la trama, el comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) entre 1994 y 2017, el policía que allanó sin orden judicial el taller madrileño de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, fue exonerado a causa de un ictus que sufrió en mayo de 2022 y sus secuelas.
El juez instructor, Manuel García-Castellón, exculpó a la imputada María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, y pese a todas las pruebas aportadas por la Fiscalía Anticorrupción contra ella, la Sala Penal de la Audiencia Nacional, sección tercera, respaldó el archivo de la investigación contra ella. García-Castellón recibió un informe en octubre de 2023 con nuevas pruebas en un escrito del inspector jefe de Asuntos Internos de la Policía para reabrir la investigación. Un escrito que permaneció oculto entre la documentación del juzgado durante dos años. Antonio Piña, sucesor de García-Castellón, mantuvo el cerrojazo.
El más notorio suceso de la operación fue el asalto al domicilio de Bárcenas el 23 de octubre de 2013, mientras el extesorero se hallaba en prisión preventiva, por un personaje que había accionado en el pasado para el CNI en México, Enrique Olivares García, quien se hizo pasar por cura y, armado, secuestró durante unas horas a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, a su hijo Guillermo ya una empleada del hogar. El juez García-Castellón no hizo caso del informe de la forense, Carmen Baena, nombró a otro forense, José María Álvarez Leboreiro, quien realizó un dictamen tras examinarle en los calabozos de la Audiencia Nacional, donde el imputado no pronunció palabra. Según el dictamen del 16 de octubre de 2020, Olivares, como consecuencia de un infarto cerebral sufrido en 2018, “no reúne las condiciones psíquicas y físicas en el momento actual que le permite prestar declaración, siendo las posibilidades de recuperación casi nulas”. Olivares fue condenado en 2014 a 22 años de prisión por retener a la familia de Bárcenas, exigirles los “pendrives” y la información relativa al proceso del extesorero para “acabar con el Gobierno de la nación”. Olivares falleció el 16 de enero de 2022.
Brilla por su ausencia en el banquillo el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, durante la gestación, desarrollo y finalización de la operación Kitchen (cocina en inglés). Cosidó, diputado del PP, y Cospedal eran la “pata política” de Kitchen. Ni siquiera prestó declaración en calidad de testigo durante los años de instrucción de la causa. El juez García-Castellón rechazó tomarle declaración en calidad de imputado como pedía la Fiscalía Anticorrupción porque era “innecesario e inútil”.
“No hay plazo que no se venza, ni deuda que no se paga” dice el refrán popular. Pero, como dice George Orwell al final de su novela (Rebelión en la granja, Londres, 1945), en una sátira del socialismo realmente existente, “todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros”. Y en el caso Kitchen, los instigadores y beneficiarios no han visto vencer el plazo ni tendrán que pagar deuda alguna. Algunos de esos animales, es cierto, son más iguales que otros.
El fin de la operación Kitchen, según el auto de transformación de las diligencias (equivalente al de procesamiento) dictado por el juez Manuel García-Castellón el 29 de julio de 2021, era “acceder a documentación e información en poder de Bárcenas para desviarla del proceso judicial en curso”.
Esta era, señala el auto, “el vector” que unía a los implicados y “el fundamento de la operación”.
Es más, el juez sostenía: “Y existen indicios que permiten sostener que se materializó el acceso a la información que guardaba [Bárcenas]”
“La intervención de los máximos responsables gubernativos del Ministerio resulta solventemente constatada”, afirma el juez, para quien Fernández Díaz está en “el vértice de la cadena que ordenó la puesta en marcha de la operación”. Según el juez, el número dos, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, tuvo un papel activo en la trama porque recibió “órdenes concretas” de Fernández Díaz, quien le instruía sobre la “prioridad” de la operación.
Destaca el relato “la ascendencia [de ambos] sobre los funcionarios policiales de mayor rango que materializaron la operación”, lo que “resulta evidente y vertebra la operación, desde la ideación hasta la autorización de los gastos materiales que permitieron que se materializara”.
En esa “cadena”, es curioso, falta un eslabón.
¿Cuál? El del director general de la Policía: el del exdiputado del PP, Ignacio Cosidó.
Una ausencia defendida a capa y espada por el juez.
El 21 de julio de 2021, precisamente, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado, precisamente, la declaración de Cosidó en calidad de imputado.
En su escrito, los fiscales hacían referencia “a la participación en los hechos del director general de la Policía Ignacio Cosidó, la cual ha sido puesta reiteradamente de manifiesto en las declaraciones prestadas por los investigados José Manuel Villarejo y Eugenio Pino”.
Pero ocho días más tarde, el 29 de julio de 2021, el juez cerró la investigación y rechazó la declaración de Cosidó como imputado porque, según señaló, no se aportaban elementos indicios de su participación en los hechos.
El juez demostró dicha diligencia algo “innecesario e inútil”.
El 6 de septiembre de 2021, los fiscales recurrieron la decisión del juez: “Por lo que respeta a la denegación de la declaración con la condición de investigado de Ignacio Cosidó, se aduce por el instructor que el fiscal omite la referencia a cualquier indicio incriminatorio que justifique su citación”.
Los fiscales le recuerdan que las “declaraciones [de los imputados Eugenio Pino y José Manuel Villarejo] obran en las actuaciones y, por tanto, deben ser conocidas y valoradas por el instructor, porque, además, estas manifestaciones son claras al respecto, haciendo referencia a una participación no meramente circunstancial sino de carácter específicamente directivo del director general de la Policía”.
Es decir: Cosidó es un eslabón importante en la “cadena” descrita por García-Castellón.
Desengancharle, esto es, dejarle fuera, además, suponía una evidente contradicción con la decisión del juez de procesar al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Del “eslabón”, por así decir, que representa el secretario de Estado de Seguridad Martínez, García-Castellón da un salto, omite a Cosidó, llega a Pino, y sigue con otros mandos intermedios.
Entre cincuenta y setenta policías, según las diferentes fases de la operación, tuvieron participación.
García-Castellón, además, archiva la causa contra María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, y más tarde ministra de Defensa, que mantiene un contacto permanente con el comisario Villarejo, ya desde 2009.
Pero es que, además, el comisario Andrés Gómez Gordo, quien fuera director general de Documentación y Análisis de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha bajo la presidencia de Cospedal, tiene una participación decisiva en Kitchen: recomienda a Sergio Ríos para el puesto de chófer de Bárcenas. Se le bautiza con el apodo de cocinero.
Ríos se convertirá en un espía de la cúpula. Para garantizar que mantendrá el silencio, explicó Villarejo en un encuentro celebrado el 22 de agosto de 2014, en Boadilla del Monte, al secretario de Estado Francisco Martínez.
– Porque los años pasan, macho, y la gente es más inmadura de lo que parece, tiene menos sentido de Estado y es imprudente. Y entonces no sé cuando ni tú ni yo estemos qué tratamiento se le va a dar a este chaval que tiene treinta y nueve años, si se le va dejar tirado o no. O si se va a cabrear y un día va a hablar con los otros [del Gobierno que venga].
– Que sí -asiente Martínez.
– Si hay oposiciones para policía básica, ahí lo tendríamos trincado totalmente porque ya sería policía- insiste Villarejo.
*Ernesto Ekaizer es autor del libro Operación Jaque Mate, Ediciones Bruguera, Random House Mondadori, junio de 2023, única obra periodística sobre el caso Villarejo.
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