Nunca hagas una pregunta a un testigo en el juicio cuya respuesta desconozcas, dice un célebre adagio judicial. El objetivo reconocido, al menos por el abogado del excomisario José Luis Olivera —el entonces jefe de la UDEF que le pasaba información a María Dolores de Cospedal—, es minar la credibilidad del inspector Manuel Morocho, la enciclopedia viviente de la investigación de Gürtel, que el Ministerio del Interior y el Cuerpo Nacional de Policía intentaron sabotear a través de la operación Kitchen, de obstrucción a la justicia y de salvación de Mariano Rajoy y del PP en el Gobierno.
Y para ello, por ejemplo, tras las revelaciones de Morocho en el juicio de Kitchen el pasado miércoles 29 de abril sobre las actuaciones de Olivera, la defensa de este pretendía mostrar contradicciones en el testimonio, poniendo de aliviar las buenas relaciones personales de ambos.
—¿Visitó usted al señor Olivera cuando estaba hospitalizado después de una operación?
-No.
—¿No le visitó?
-No.
Preguntas de este tipo también hicieron otros letrasdos respecto a una condecoración a Morocho del Ministerio del Interior, para la que estaba propuesta, pero que no se le aceptó.
Si podía parecer que, como testigo del Ministerio Fiscal y de las acusaciones populares, la declaración de Morocho había dado grandes titulares y ya no se podía esperar más, dicha creencia se disipó este jueves 30 de abril por la mañana en el turno de los abogados de los acusados.
Porque Morocho explicó que, en realidad, la campaña de los altos cargos policiales para desamar la potencialidad de la investigación de Gürtel había comenzado en 2007, nada más iniciadas las indagaciones en la Fiscalía Anticorrupción y algo más tarde durante la instrucción del primer juez de Gürtel en el Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón.
Sin insinuarlo directamente, Morocho, en su descripción, a preguntas de los letrados, mostró que lo que luego se iba a metamorfosear en Kitchen, entre 2013 y 2015, mientras se investigaba Gürtel, ya había comenzado con el marcaje que los mandos policiales hicieron del juez Pablo Ruz, en comisión de servicios en el Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional, y de él mismo como jefe de la Policía Judicial en la causa, designado por Ruz.
Narró que a la oferta que, teóricamente, según pensaban Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, y José Luis Olivera, director del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), Morocho no rechazaría —ocupar un puesto mejor remunerado en Lisboa o el de agregado en la embajada en Pekín— se unió la propuesta de enviarlo a Guatemala.
Mientras investigaba junto con Ruz la caja B del PP, le trasladaron a la DAO (Dirección Adjunta Operativa) y su director, Eugenio Pino, le ofreció un puesto en Guatemala, en una delegación de la ONU.
Su jefe directo le advirtió de que no se le podía garantizar su asistencia a los juicios de corrupción del PP en España para ratificar sus informes.
«¿Pero usted sabe quién soy yo?», respondió Morocho, que replicó de este modo. Es decir: tenía que estar presente en los juicios de Gürtel y de los papeles de Bárcenas.
El inspector jefe Manuel Morocho sale de la Audiencia Nacional, donde se celebra el juicio por el caso Kitchen / José Luis Roca / EPC
Morocho explicó que hubo informes de análisis sobre comisiones rogatorias de la caja B, satisfechas desde países en el extranjero, que «se quedaron sin hacer».
También describió la «desbandada» del grupo de investigadores que se dirigía, provocada por los comisarios de la operación Kitchen.
Los abogados han intentado justificar Kitchen en la línea de la testifical de Mariano Rajoy: fue una operación para perseguir a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, y, a través de ella, localizar los fondos y testaferros del extesorero del PP.
Si Rajoy consideró, pues, el conocimiento de esa operación, a la que demostró plenamente legal, Morocho la ha desmontado.
La operación Kitchen en 2013 no buscaba el dinero y los testaferros de Bárcenas, porque ya estaban localizados gracias a las autoridades suizas en diciembre de 2012.
Lo que sí buscaban los políticos y policías, como sabuesos, eran los documentos y audios que, temían, había atesorado Luis Bárcenas, para obstruir el trabajo de la justicia y prevenir su utilización con el fin de provocar la caída de Rajoy, que llevaba apenas un año de gobierno en enero de 2013.
«Hacemos lo que podemos significa que hacemos lo que podemos», explicó Rajoy en sede judicial sobre su respuesta a un correo de Bárcenas.
¿Qué significó?
Cargarse al juez Pablo Ruz en diciembre de 2013 como juez instructor y sabotear al inspector Morocho.
Ninguno de los dos —ni la fiscal Conchita Sabadell— tenía precio. Ruz está en un juzgado de Móstoles y Morocho en una comisaría de Madrid. Conchita Sabadell sigue en la Fiscalía Anticorrupción.
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