Por encima de cualquier otra consideración, el hecho de la Generalitat pueda tener nuevos presupuestos, después de haber visto obligado a prorrogar los de 2023, es una buena noticia. Lo es para el presidente Salvador Illa, recién llegado de un viaje de promoción económica a California, para los operadores económicos, las administraciones y la sociedad, que reclamaban una actualización de las cuentas públicas especialmente urgente para atender los servicios públicos. El acuerdo no está siendo fácil, ni tan rápido como pretendía el Govern de Illa, que se ha visto obligado a revisar el preacuerdo firmado con los Comuns hace unos meses para que Esquerra diera su visto bueno. La disponibilidad a cerrar la aprobación de las cuentas, visualizado ayer en Sant Sadurní d’Anoia por los máximos dirigentes del PSC y de ERC y que se refrendará hoy tras haber sido sometida a consideración del Consejo Nacional de los republicanos, se ha producido tras la decisión de Illa de revitalizar un viejo proyecto de línea ferroviaria orbital de unos 120 kilómetros que unirá las comarcas del Penedès y del Maresme, pasando por el Vallès. Se trata de un compromiso de inversión muy significativo, de 5.200 millones de euros a ejecutar antes del 2041, y que aspira a ser el medio de comunicación de unos 30 millones de personas al año. Un proyecto de movilidad sostenible, que también los Comuns han reclamado desde hace tiempo, que no se financiará en detrimento de la mejora de la red de Rodalies y que pretende tener un impacto en políticas de territorio y vivienda.
Los operadores económicos, las administraciones y la sociedad reclaman una actualización de las cuentas públicas especialmente urgente para atender los servicios públicos.
El apoyo de Esquerra también ha contado con otros movimientos importantes por parte de los socialistas. Entre estos, destaca el aumento de la participación catalana en el Consorcio de la Zona Franca, donde Generalitat y ayuntamiento de Barcelona dispondrán de una mayoría del 55%, mientras que el Estado tendrá el resto. También resulta relevante el acuerdo para impulsar una sociedad mercantil impulsada por la Generalitat y el Estado y cuyo cometido será el de asegurar que las inversiones estatales comprometidas en infraestructuras se lleven a cabo en los términos y calendarios acordados. Finalmente, el pacto presupuestario incluye un refuerzo de la Agencia Tributaria Catalana con una inversión por parte del Govern de 527 millones de euros entre el 2026 y el 2029 destinadas a incrementar la plantilla y mejoras tecnológicas.
Una vez obtenido el apoyo del Consell Nacional de ERC al pacto firmado por Salvador Illa y Oriol Junqueras, la pelota vuelve a estar en el tejado de los Comuns que reclaman ahora 650 millones más en vivienda, un impuesto a los multimillonarios y la retirada de un proyecto que pretende facilitar el acceso al aeropuerto, la R-Aeroport, un tren lanzadera que conectaría el centro de Barcelona con El Prat. Acogiéndose a un informe encargado por una plataforma de usuarios, los comunes aseguran que este tren beneficiaría a los turistas en detrimento de los pasajeros habituales. Una argumentación difícil de sostener teniendo en cuenta que este tipo de transporte, existente en la mayoría de aeropuertos internacionales, resulta también de especial importancia para los pasajeros locales, los trabajadores aeroportuarios y para quienes van y vienen de Barcelona en viajes de negocios. Y en cualquier caso, un motivo insuficiente para bloquear una decisión que afecta más decisivamente al interés general.