El interventor del Ayuntamiento de Reus ha ratificado que el arquitecto Jorge Batesteza cobró por parte de Innova y de la UTE Euroconsult para realizar los mismos trabajos y ha asegurado que aparece en las actas tanto como asesor del holding municipal como project manager por parte de la UTE. En la primera sesión del juicio del caso Innova, celebrada este martes, ha afirmado que la contratación de quien fue director de CatSalut, Carles Manté, a través de la mercantil CCM Estratègies, no se hizo bajo los parámetros legales y que las facturas, que se elevaron hasta los 720.120,82 euros, sin justificar, en su mayoría no tenían los informes que acreditaban los trabajos. El juicio se ha suspendido por la indisposición de un miembro del tribunal.
El interventor del Ayuntamiento de Reus ha declarado durante más de dos horas en la primera sesión del juicio de la pieza principal y la segunda separada del caso Innova. En su declaración, ha explicado que emitió tres informes de control interno desde su llegada al consistorio en mayo de 2008 hasta 2011, ya que no había habido control desde 2005 por la falta de recursos. El testigo ha indicado que los elevó al pleno, pero que no fue hasta el cambio de gobierno en 2011 cuando se tuvieron en cuenta.
Según el interventor, la contratación de Carles Manté, una vez cesada como director del CatSalut, se hizo sin aplicar la ley de Contratos de las Administraciones Públicas. “La dificultad es que el mismo contrato preveía informes mensuales, había un vacío de contenidos, uno de los contratos era de 260.000 euros, se ganaban 60 euros la hora a 1.000 horas al año”, ha detallado el testigo. Además, ha asegurado que no se justificarán los trabajos. “Las facturas llegaban mensualmente durante los cuatro años, había pocos informes sobre los trabajos”, ha señalado.
Asimismo, ha añadido que las últimas seis facturas, que rondaban los 80 y 90.000 euros, no fueron pagadas por parte de Innova y que estas fueron devueltas. “El contratista (CCM Estratègies) no reclamó, eso nos sorprenderá”, ha asegurado. Por otro lado, el abogado de Manté le ha preguntado si sabía que Manté ostentó el cargo de presidente del consejo de administración de la sociedad mercantil Shirota, de la que no percibía ninguna retribución. Ante esto, el testigo ha dicho que lo supo después de emitir los informes de control. “No cambia el sentido del informe porque el objeto del contrato es asesoría estratégica; si es retribuido o no es un tema que se debería tratar en la misma sociedad, no encaja con el contrato principal”, ha subrayado.
Batesteza cobraba doble
Por otro lado, el interventor ha detallado que en el caso de la contratación del arquitecto Jorge Batesteza, los trabajos estaban “más orientados” a los servicios de asesoría vinculados a proyectos de edificación del Hospital Sant Joan de Reus. “Encontramos actas del hospital en las que Batesteza participaba, no estaban las actas firmadas, en algunos momentos aparecía como asesor de Innova y en otros como project manager contratado por la UTE, la doble función no tenía sentido”, ha declarado. El testigo ha asegurado que el acusado cobraba de ambas partes, tanto de Innova como de la UTE Euroconsult.
Preguntado sobre cuál era el órgano encargado de las contrataciones, el testigo ha dicho que se encargaba la dirección general de Innova. “No pasó por el consejo de administración, lo decidió Josep Prat”, ha asegurado. “No hay ningún encargo municipal de contratar a Manté y Batesteza”, reiteró. El resto de declaraciones previstas para este martes se han aplazado hasta este miércoles a raíz de la indisposición de un miembro del tribunal. Entre los testimonios previstos se encuentran la exconsellera de Salud, Marina Geli, y el secretario del Ayuntamiento de Reus.
Exclusión de pruebas
Este martes también se ha hecho pública una resolución de los jueces en la que se resuelven las cuestiones previas al juicio que las distintas partes expusieron. El tribunal ha estimado parcialmente una petición de la defensa de Carles Manté y finalmente se han expulsado de la causa todas las comunicaciones entre el acusado y su abogado (correos electrónicos y notas manuscritas) que fueron intervenidas por la Guardia Civil en un registro, ya que quedan protegidas por la cláusula de confidencialidad entre letrado y cliente. Por otro lado, se ha acordado que los acusados serán los últimos en declarar.