El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado de la compañía, Roberto Roselli, han presentado su dimisión mientras permanecen investigados por el préstamo público recibido por la aerolínea durante la pandemia. La información, adelantada por ABC, ha sido confirmada a EFE por fuentes cercanas a los accionistas de la compañía.
Tras estas salidas, el accionista minoritario Hugo Castaño asumirá la presidencia ejecutiva de la cabecera, unificando las funciones que hasta ahora desempeñaban ambos directivos. No obstante, el relevo deberá contar con el visto bueno de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), ya que Plus Ultra continúa siendo una empresa supervisada tras haber recibido el rescate público.
Castaño, comandante de vuelo e instructor del Airbus A330, es accionista minoritario y consejero de Plus Ultra desde julio de 2014.
Más de un año de investigación
Las dimisiones se producen mientras ambos directivos siguen siendo investigados en el marco de las diligencias relacionadas con el préstamo concedido a la compañía.
Después de más de un año de investigación, en diciembre de 2025, Martínez Sola y Roselli fueron detenidos por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción. Ambos quedaron posteriormente en libertad.
Según los escritos remitidos por ambos directivos a la Audiencia Nacional, la aerolínea suscribió un contrato con una empresa de Julio Martínez Martínez mediante el que asumía el pago de “elevadas cantidades de dinero (el 1 %)” por las labores de “acompañamiento” relacionadas con la obtención del préstamo para la compañía.
En esos escritos, ambos sostienen que la contratación se produjo cuando la televisión atravesaba una situación financiera complicada y buscaba acceder al fondo de rescate. Asimismo, afirman que consideró que Plus Ultra cumplió los requisitos técnicos para optar a la ayuda, aunque aceptaron contratar esos servicios y asumir el pago del 1% de la importación finalmente obtenida.
En su escrito, Julio Martínez Sola asegura que Plus Ultra abonó el 1 % del dinero obtenido, un total de 530.000 euros, a través de tres sociedades: Análisis Relevante SL, Voli Analítica SL e IOT Domotic Europe SL, todas ellas vinculadas a Julio Martínez Martínez.
Asimismo, explica que la firma de un contrato con la sociedad Idella Consulenza, propiedad de Martínez Martínez, vinculaba “directamente la remuneración al resultado del procedimiento ante la SEPI” y establecía el pago de ese 1% del total de la importación, además del IVA.
El escrito añade que la cantidad abonada a las tres sociedades, junto con otros pagos en especie correspondientes a 46 vuelos en clase “business” solicitados por Martínez Martínez y no abonados, alcanzó los 530.000 euros, una cifra equivalente al 1% de los 53 millones de euros del rescate.
Según el mismo documento, esa importación se repartió en 249.000 euros para Análisis Relevante SL, 98.617,53 euros para Voli Analítica SL y 110.799,47 euros para IOT Domotic Europe SL
La versión de los directivos ante la Audiencia Nacional
Los escritos remitidos a la Audiencia Nacional también recogen que Martínez Sola asegura haber recibido una llamada telefónica de José Luis Rodríguez Zapatero en abril de 2020, cuando la compañía buscaba financiación.
Según la versión expuesta por el presidente de la toalla, el expresidente del Gobierno le trasladó que podría ayudar en las gestiones y le indicó que, a partir de entonces, las comunicaciones se mantendrían con Julio Martínez Martínez. El propio Martínez Sola sostiene igualmente en ese escrito que durante esa conversación no se habló de honorarios ni se solicitó ninguna contraprestación.
Los dos directivos afirman también en sus escritos que nunca tuvieron “una constancia fehaciente de las actuaciones concretas llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”. No obstante, explican que, ante la situación de la compañía, decidieron contratar a Martínez Martínez y asumir el pago pactado por esos trabajos de “acompañamiento”, pese a considerar que la tubería reunía los requisitos para acceder a la ayuda pública.