¿Has pensado en abrir una boutique o una tienda de alimentación en España? Un nuevo informe de la Comisión Europea muestra que España sigue siendo uno de los países de la UE donde las empresas minoristas enfrentan más dificultades.
Seamos realistas, montar cualquier tipo de negocio en España puede resultar complicado. Es probable que haya mucha más burocracia de la que estás acostumbrado, muchas esperas para citas con organismos oficiales y un sistema fiscal complicado que tendrás que entender.
Sin embargo, sorprendentemente, montar un negocio minorista puede ser uno de los más difíciles de todos.
En el Informe País España 2026 publicado recientemente por la Comisión Europea, se reveló que el país sigue siendo uno de los países de la UE donde el comercio minorista enfrenta más barreras.
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Según el informe, que constituye la principal evaluación anual de la situación económica, social y de competencia en los Estados miembros, “las restricciones regulatorias en España siguen siendo bajas en los servicios, pero se encuentran entre las más altas en el comercio minorista”.
Esto significa que, si bien puede ser más fácil montar un bar o un bed and breakfast, montar una tienda es mucho más difícil.
El informe mide esto con su Indicador de Restricción Minorista (RRI). Mientras que la puntuación media europea en este indicador es de 1,7, la puntuación de España es de 2,92.
Procedimientos de autorización complejos, pesadas cargas administrativas y largos tiempos de procesamiento son las razones que la Comisión ha dado para la alta puntuación de dificultad de España.
Según ellos, estos problemas significan más obstáculos que superar para las operaciones, la inversión empresarial y la competencia en el mercado.
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El informe también muestra el número de restricciones que implica la creación de una empresa de distribución, que tiene una puntuación RRI de 2,60, frente a una media europea de 1,20.
Otro de los puntos que destaca la comisión son las diferencias en la creación de empresas entre las distintas regiones de España. La Comisión concluye que estas disparidades en normativa, permisos y procedimientos administrativos aumentan los costes, generan cargas administrativas adicionales, dificultan la actividad de las empresas que operan en varias regiones y crean problemas a las empresas de otros Estados miembros que quieren operar en toda España.
Es cierto que en España normalmente necesitas permisos particulares del ayuntamiento y de las autoridades regionales o del gobierno, y cada uno funciona de forma ligeramente diferente. Por lo tanto, si montas una empresa en Cataluña, es posible que no puedas operar en Andalucía, a menos que realices todos los trámites necesarios allí también.
El informe habla de algunas de estas diferencias, incluida la fiscalidad regional, el impuesto catalán sobre las bebidas azucaradas, las obligaciones de etiquetado en diferentes idiomas y los requisitos de información contradictorios relacionados con el movimiento de trabajadores.
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Otra preocupación destacada en el informe son las discrepancias con el Mercado Único Europeo. Muestra que la normativa española sobre envases y residuos, incluidos los requisitos de etiquetado para la separación de residuos, obliga a las empresas a adaptar específicamente el etiquetado de sus productos al mercado español.
Según la Comisión, esto significa mayores costes, así como adaptaciones de productos, e introduce más desafíos para las empresas que operan en varios países diferentes de la UE.
Por último, advierte que España se encuentra entre los estados miembros con peores resultados en la transposición de directivas, convirtiendo las directivas de la UE en sus propias leyes nacionales.
“Las barreras regulatorias, como las fuertes restricciones al comercio minorista, así como la fragmentación del mercado interior entre regiones, sofocan el dinamismo empresarial y, en última instancia, la prosperidad y los ingresos de los trabajadores”, afirma el informe.
Considera que estas barreras y restricciones no sólo obstaculizan la actividad minorista sino que también afectan a la situación económica de la propia población.