El Ayuntamiento de Madrid ha mostrado este domingo su “sorpresa” e “indignación” por la actuación de la Delegación del Gobierno en Madrid ante la acampada instalada en la Puerta del Sol y le ha reclamado que “reponga cuanto antes” la normalidad en la Puerta del Sol, donde cientos de personas pasaron la noche acampadas tras la manifestación por el derecho a la vivienda.
En un comunicado, el consistorio ha cargado contra la Delegación del Gobierno, a la que acusa de no haber accionado para impedir la acampada. “No puede mirar para otro lado ni cargar a otra administración con los problemas que causa su incapacidad e incompetencia para realizar sus funciones”, ha señalado.
“Dejación de funciones”
La acampada comenzó la pasada noche al término de la manifestación convocada en Madrid en protesta por el desahucio de Maricarmen, una mujer que tuvo que abandonar el pasado miércoles la vivienda en la que había vivido durante décadas tras un desahucio. Los participantes mantienen el asentamiento para reclamar medidas frente a los desahucios y exigen la aprobación del denominado ‘decreto Maricarmen’.
Numerosas personas se concentran en tiendas de campaña en la Puerta del Sol de Madrid para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda. / A. Pérez Meca EUROPA PRENSA
El Ayuntamiento ha expresado además su “sorpresa” e “indignación” por lo ocurrido y ha responsabilizado a la Delegación de haber permitido que se instalara la acampada. En este sentido, ha recordado que durante las protestas del 15M, en 2011, los desalojos de la Puerta del Sol fueron “organizados y coordinados” por este mismo organismo.
El Gobierno municipal considera que la acampada es “ilegal” y sostiene que la situación es consecuencia de la “dejación de funciones y la falta de diligencia” de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior, aunque también plantea que pudiera haber existido una decisión deliberada de permitirla.
Acusaciones a la Policía
Según la versión del Ayuntamiento, cuando comenzaron a instalarse los primeros asentamientos, la Policía Nacional abandonó sus posiciones. Por ello, el consistorio ha pedido explicaciones para aclarar si esa retirada respondió a una orden directa del delegado del Gobierno.
El Ayuntamiento recuerda asimismo que corresponde a la Delegación del Gobierno garantizar el orden público, especialmente en relación con el ejercicio del derecho de manifestación. A su juicio, la protesta debía ajustarse a las condiciones comunicadas por los organizadores y autorizados previamente, algo que considera que “no ha sucedido en esta ocasión”.
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