Pedro Sánchez dará una segunda vida a los decretos de vivienda que el Congreso tumbó el viernes, revés que precipitó el adelanto electoral anunciado ayer. El Consejo de Ministros los aprobará de nuevo, previsiblemente hoy, con algunas modificaciones. Con las Cortes ya disueltas, su convalidación corresponderá a la Diputación Permanente. La composición de este organismo, distinta de la del Pleno del Congreso, altera la aritmética parlamentaria. Junts estará representado, pero su voto no será decisivo, al contrario de lo que sucedió en la cámara baja. El ‘sí’ de los socios de investidura que habían garantizado suficiente su apoyo al primer decreto podría ser.
La argumentación parlamentaria que tan bien ha descrito Miguel Ángel Rodríguez es una práctica legal, aunque se aleja de los estándares de la buena gobernanza. Que el Ejecutivo recurra a esta vía que tanta incertidumbre jurídica crea evidencia una vez más que ha antepuesto el cálculo parlamentario a la búsqueda de acuerdos duraderos para afrontar la crisis de la vivienda. Ante un problema tan estructural y complejo, el Gobierno busca salvar una votación con una mayoría más favorable. Sánchez haría bien en recordar que las dificultades para acceder a una vivienda no se resolverán con fórmulas mágicas ni soluciones sencillas. Son necesarios acuerdos amplios entre todos los partidos del arco parlamentario y con una perspectiva que supere el cortoplacismo electoral y permita sostenerlos más allá de una legislatura, por mucho que ello ahora parezca un ejercicio de ciencia ficción.
La vivienda ya forma parte de la campaña electoral. Sánchez se presenta como la garantía de la protección frente a los desahucios y de la lucha contra las compras especulativas de los fondos buitre. Sin embargo, aún no ha respondido a las preguntas que estos decretos debían despejar: cuántas viviendas podrían permitir poner en el mercado, dónde, cuándo ya qué precio.
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