Por Luis Quesada
Concejal del PSOE y secretario general en Orihuela
Hace unos días, Orihuela acogió otra sesión de fotos oficial, esta vez en la primera ceremonia del “Corte de Limón”. Pero eso era todo: una escena para las cámaras. Los políticos presentes hablaron largamente sobre su apoyo a la agricultura, pero no anunciaron ni una sola medida para aliviar las dificultades del sector.
Representantes del gobierno regional y del equipo gobernante de Orihuela sonrieron junto a los cítricos que sustentan el sustento de miles de familias en toda la Vega Baja. Pero una vez que se apagan las cámaras y se alejan los autos oficiales, los agricultores y sus familias se quedan con poco más que palmaditas en la espalda, costos disparados, incertidumbre sobre los precios que recibirán y una política de gestos que ya no puede ocultar la falta de respuestas.
La ceremonia del corte de limón no es un hecho aislado. Es parte de un guión publicitario bien ensayado. Hace casi tres años, el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, vino a Orihuela y hizo un gran espectáculo al anunciar que el Palacio del Marqués de Rafal –comprado por el anterior gobierno regional del Botànic por más de 2,3 millones de euros para dar servicio a la ciudad– se convertiría en la “Casa del Agua” y la “Casa del Limón”.
La realidad, sin embargo, es innegable. El palacio permanece firmemente cerrado, deteriorándose día a día y todavía esperando inversiones que nunca llegan. Cada retraso empeora su condición y aumenta el costo de la urgente restauración que necesitará. Mientras tanto, esos centros simbólicos no han resuelto ninguno de los problemas del sector, no han proporcionado ni un solo metro cúbico de agua y no han entregado ni una subvención directa.
El Gobierno regional presenta planes europeos ordinarios de financiación para jóvenes agricultores y modernización de explotaciones agrícolas (esquemas abiertos a toda la Comunidad Valenciana) como apoyo específico para la Vega Baja. Estos fondos pueden ser útiles, pero no son un plan de emergencia para afrontar la crisis del precio del limón en Orihuela, ni una respuesta específica al creciente coste de los recursos.
Mientras el Consell convierte las ayudas generales en anuncios locales, las cifras de producción y exportación siguen dependiendo sobre todo del trabajo y esfuerzo de nuestros agricultores.
Luego está la conocida demagogia relacionada con el agua que el Partido Popular saca a relucir en cada manifestación, oportunidad para tomar fotografías y reunión de sus seguidores. Blande el trasvase de agua Tajo-Segura para provocar confrontación, evitando al mismo tiempo una explicación completa de su propio historial.
El registro histórico nos permite comparar diferentes períodos. Bajo el gobierno de Mariano Rajoy, hubo períodos de “transferencias cero” que afectaron duramente a la Vega Baja. Bajo el gobierno español de Pedro Sánchez, el trasvase ha seguido funcionando, mientras que se ha promovido la inversión en desalinización y reutilización del agua para fortalecer la seguridad hídrica para la agricultura.
Ante estos hechos, el PP prefiere la retórica airada y los titulares engañosos a explicar qué soluciones prácticas propone para los regantes.
Estamos ante un modelo político que utiliza la agricultura de la Vega Baja como telón de fondo para la publicidad, sustituyendo la buena administración por eventos escenificados. El mismo planteamiento se evidencia en las galas celebradas sin medidas para el campo, el abandono de un edificio histórico como el Palacio del Marqués de Rafal o la congelación de proyectos clave para la comarca.
Estos no son fracasos aislados. Son lados diferentes de una política que hace grandes anuncios, ofrece poco y deja que Orihuela cargue con las consecuencias.
El campo de Orihuela es una de las principales zonas productoras de limón de la Vega Baja. No puede vivir de titulares, de edificios simbólicos cerrados con llave ni de oportunidades fotográficas estacionales. Los hombres y mujeres que trabajan esta tierra exigen acciones concretas: seguridad hídrica confiable respaldada por hechos, precios justos, ayuda para afrontar los costos crecientes y un gobierno que trabaje sobre el terreno.
El Consell y el Ayuntamiento deben dejar de utilizar los limones como elemento escénico, poner en marcha proyectos estancados y responder con decisiones medibles. Es hora de poner fin a esta actuación y empezar a gobernar para las personas que sostienen nuestra economía local.