“Se tendrá que formalizar el presente acuerdo en el primer semestre de 2025“. Según el pacto de investidura que el PSC y ERC firmaron justo hace un año, a estas alturas Catalunya debería tener diseñado ya -al menos sobre el papel- un nuevo modelo de financiación. No solo no es así, sino que en las últimas semanas se han acumulado una serie de circunstancias que hacen que, ahora mismo, pesen más las incertidumbres que las certezas sobre si la Generalitat podrá lograr esta meta. Estas son las cinco principales amenazas.
El Ministro Torres y El Conseller Dalmau en la Última Reunión de la bilateral. / Ferran Nadeu
El compromiso fundacional en torno a la nueva financiación era que la Generalitat tendría una propuesta encima de la mesa antes del 30 de junio, diseñada junto al Gobierno de Pedro Sánchez y con el visto bueno de ERC. En cambio, lo que hay ahora mismo es un documento que sienta las bases sobre el futuro modelo -que se presentó en la última reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat-, pero que está lejos de concretarse. Además, este documento no garantiza que el nuevo sistema respete el principio de ordinalidad, una de las peticiones centrales del president Salvador Illa para poner límites a la solidaridad interterritorial entre autonomías y que Catalunya retenga más recursos.
Además, para complicar todavía más el asunto, ERC no apoya este documento de bases porque considera que “las concreciones son mínimas”. Por lo tanto, la situación está lejos de ser la que sus protagonistas proyectaron hace un año. Ahora, el Gobierno tiene el encargo de presentar su propuesta de modelo de financiación para todas las comunidades en un próximo Consejo de Ministros tras el verano. Allí tendrán que estar todos los detalles que ahora faltan.
Agència Tributària de Catalunya / El Periódico
Otro de los objetivos que tenía la Generalitat para mejorar la nueva financiación era potenciar la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para que algún día pueda gestionar “todos sus tributos”. La primera meta concreta era asumir la gestión del IRPF “a lo largo de 2026”. La semana pasada el Govern tuvo que recalcular el calendario y asumir que no tenía ni los recursos humanos -falta de personal- ni los materiales -dispositivos tecnológicos y programas informáticos- para cumplir con este reto. Finalmente, pues, ha pospuesto la gestión del IRPF al menos hasta 2028. Durante este tiempo tendrá que aumentar sus empleados -ahora dispone de 830 trabajadores- y también sus oficinas a lo largo de Catalunya. El jueves pasado la consellera de Economía, Alícia Romero, admitió que la ATC necesitaba una “transformación tecnológica muy importante” si quiere algún día gestionar un “impuesto masivo” como el IRPF.
En paralelo, el Govern ha visto como se le abría un conflicto con algunas asociaciones que representan a los trabajadores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Illa planteó reclutar a trabajadores de la hacienda estatal para que se pasen a la hacienda la catalana -“sería de sentido común”, dijo-, lo que enfadó a la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE): “Lo que sería de puro sentido común es no ceder a las peticiones independentistas, ni más, ni menos”. También el sindicato Gestha, que agrupa a los técnicos del Ministerio de Hacienda, ha protestado por los movimientos del Govern.
PEDRO SÁNCHEZ Y GABRIEL RUFIÁN, PORTAVOZ DE ERC, SE SALUDAN EN EL CONMESO DE LOS DIPUTADOS. / JOSÉ LUIS ROCA
Para reformar la financiación catalana se necesitan modificar tres normas, todas ellas en el Congreso. Son la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA); la ley que regula solo la financiación de las comunidades autónomas de régimen común y también la ley de cesión de tributos del Estado a Catalunya. La operación legislativa, pues, es compleja y no tiene los apoyos asegurados. Por ahora, solo se puede contar en el ‘sí’ del PSOE, ERC, Sumar, Bildu y el PNV. Partidos como Junts, Podemos, el BNG y Compromís ya han expresado sus reticencias y hay que dar por descontado el rechazo frontal del PP y Vox. No es un detalle menor: sin el aval del Congreso, por mucho que la Generalitat haga crecer la hacienda catalana, no podrá implementar los cambios.
Illa y Ayuso se Saludan Antes de la Útima Conferencia de Presidentes Celebra en Barcelona. / David Zorrakino (EP)
Todo el mundo contaba con ello, pero no por eso deja de ser una cuestión menor. La nueva financiación catalana no reúne, precisamente, con las simpatías del resto de comunidades autónomas. Lidera el rechazo la Comunidad de Madrid, con la presidenta Isabel Díaz Ayuso (PP) al frente, que aseguró que el documento de bases pactado entre la Generalitat y el Estado era una afrenta que “acaba con la España de todos”. Tampoco ha generado mayores simpatías en algunas comunidades lideradas por socialistas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afeó al Gobierno de Sánchez que empiece a negociar solo con Catalunya una cuestión como la financiación autonómica que afecta a otros muchos territorios. “Nos tendríamos que haber sentado todos juntos. Que no nos tomen por tontos”, dijo.
Que no nos tomen por tontos
La propuesta catalana solo cuenta con algunos apoyos puntuales como el de Euskadi, que no forma parte del régimen común, y también el del partido socialista en territorios en los que está en la oposición como Baleares y la Comunidad Valenciana, que verían con buenos ojos poderse acoger al principio de ordinalidad que reclama Salvador Illa. También allí se siente agraviados entre los recursos que aportan a la caja común y los que luego reciben.
El Presidente del Partido popular, Alberto Núñez Feijóo.el Presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Efe/Sergio Pérez. añade txto, añade vídeo / MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ | SERGIO PEREZ / EFE
El último obstáculo que se suma a la lista es que, a medida que la nueva financiación acumula retrasos, el calendario electoral contribuye a sembrar más dudas en el camino. Por ejemplo, la Generalitat se ha dado hasta 2028 para preparar la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para que recaude el IRPF. El problema es que, por aquel entonces, nadie puede garantizar que Pedro Sánchez siga en la Moncloa y que, por lo tanto, haya un presidente en disposición de aplicar un nuevo modelo para Catalunya. Además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha anunciado que lo primero que hará si gana las próximas elecciones generales es derogar “el cupo separatista”.
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