El fallo corre el riesgo de convertir esa disputa en una crisis constitucional, con el poder judicial aparentemente apuntando a los miembros del ejecutivo que dirigen la cuarta economía más grande de Europa. El enfrentamiento ha pasado factura a Sánchez, quien durante mucho tiempo ha afirmado ser objeto de “guerra legal”, acusando a jueces conservadores de presentar casos infundados contra sus aliados y familiares.
El año pasado, el primer ministro consideró brevemente dimitir después de que su esposa fuera señalada como objetivo de una investigación judicial que está en curso, pero que en general se considera infundada. Mientras tanto, su hermano deberá enfrentar un juicio el próximo año por cargos de tráfico de influencias vinculados a un puesto en la administración pública que ocupó antes de que Sánchez llegara al poder.
Ambos familiares del primer ministro niegan haber actuado mal y dicen que los casos tienen motivaciones políticas.
Una historia falsa y una supuesta filtración
El caso contra García Ortiz se remonta a principios de 2024, cuando los medios españoles comenzaron a informar sobre una investigación por fraude fiscal al socio de Ayuso, el empresario Alberto González Amador.
En marzo del año pasado, el diario español El Mundo publicó un artículo alegando que la fiscalía de Madrid le había ofrecido a González Amador un acuerdo de culpabilidad, una noticia falsa que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, admitió más tarde que había difundido a periodistas seleccionados.
Cuando los periodistas pidieron confirmación, la fiscalía aclaró que en realidad fue la defensa quien propuso un acuerdo mediante el cual el acusado admitiría haber cometido fraude fiscal a cambio de una sentencia reducida. Pero varios periodistas publicaron artículos con esa información antes de que se hiciera pública la aclaración, lo que desató una investigación sobre si se habían filtrado correos electrónicos entre los fiscales y González Amador.