Las ondas de choque sacudieron la provincia de Alicante el viernes cuando Carlos Baño, presidente de FACPYME (la Federación de Comercio y Pymes de Alicante) y presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, fue arrestado en relación con una importante investigación sobre fraude de subvenciones y falsificación de documentos. La investigación se centra en la gestión de los programas de bonos de consumo Bono en 2022 y 2023, destinados a impulsar el comercio local tras la pandemia y el aumento de precios provocado por la crisis de Ucrania.
FACPYME gestionó las actuaciones de una veintena de municipios, entre ellos Elche, Orihuela, Alcoy, Elda, Villena, Sant Joan d’Alacant y Finestrat, con fondos de la Diputación que suman más de cinco millones de euros. Los bonos subsidiaron el 50% de las compras, y FACPYME supervisó la distribución, las campañas publicitarias y las plataformas en línea.
Municipios de todos los sectores políticos (PP, PSOE y Compromís) depositaron su confianza en la organización de Baño, pero ahora aumentan las dudas sobre la transparencia y si la federación se benefició a través de empresas fantasma de la gestión de campaña.
La investigación abarca localidades gobernadas tanto por administraciones estables como por ayuntamientos que cambiaron de manos durante las elecciones municipales, lo que pone de relieve el amplio alcance político del caso. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Alicante optó por trabajar directamente con la Cámara de Comercio, aportando más de 800.000 euros, citando la experiencia de la Cámara en el apoyo a las PYME y la promoción del comercio local.
A medida que se desarrolla la investigación, los residentes y propietarios de negocios de toda la Costa Blanca se preguntan cómo un programa diseñado para ayudar a las tiendas locales podría terminar bajo escrutinio por posible fraude. Con FACPYME y Baño en el centro, este escándalo se está convirtiendo rápidamente en una de las controversias empresariales más sonadas de la región.