Desde 2023, la localidad de Guardamar del Segura ha acumulado más de 2.500 colchones desechados en una parcela municipal utilizada como lugar de almacenamiento temporal, lo que pone de relieve las dificultades actuales en la gestión de residuos voluminosos en toda la región de la Vega Baja.
La cuestión salió a la luz después de que la filial local del Partido Popular (PP) denunciara públicamente la zona de almacenamiento a cielo abierto, situada en el distrito de Pallaret, y denunciara la situación al SEPRONA, la unidad medioambiental de la Guardia Civil.
Según el PP, los colchones recogidos en el ecoparque de la localidad llevaban años almacenados sin un seguimiento, tratamiento ni documentación adecuados. El partido advirtió que tales prácticas podrían violar las regulaciones ambientales y presentar riesgos para la salud pública, incluida la contaminación del suelo, infestaciones de plagas y riesgos de incendio.
Tras la denuncia, las autoridades comenzaron a retirar los residuos en abril. Desde entonces, unos 2.000 colchones han sido retirados por una empresa especializada, aunque el PP ha criticado la falta de transparencia sobre cómo se llevó a cabo la operación, las empresas implicadas y el destino final de los residuos. Una investigación sobre el asunto continúa en curso.
El alcalde José Luis Sáez, del PSOE, atribuyó la situación a limitaciones estructurales en la gestión regional de residuos. Explicó que el Consorcio Vega Baja Sostenible dejó de aceptar colchones en la estación de transferencia de Dolores en 2023, lo que obligó al municipio a improvisar una solución de almacenamiento en un solar de 50.000 metros cuadrados cerca de la depuradora de aguas residuales.
La operación de limpieza ha costado al ayuntamiento aproximadamente 38.000 euros, sin incluir el transporte. Además, unos 300 colchones considerados reutilizables fueron donados a una ONG para su redistribución en Burkina Faso.
El alcalde rechazó las afirmaciones de que el lugar funcionaba como un vertedero ilegal, calificándolo de “zona de almacenamiento controlado” y confirmando que la situación ha sido denunciada al SEPRONA. Si bien no se han emitido multas, las autoridades han ordenado al consejo que resuelva el problema.
El caso subraya los desafíos más amplios que enfrentan los municipios a la hora de eliminar desechos voluminosos como los colchones, que son costosos de manejar y difíciles de reciclar, lo que deja a los gobiernos locales con opciones limitadas y a menudo inadecuadas.